España echa hoy el cierre a otra semana ominosa para la política nacional y, sobre todo, para el descrédito de las instituciones, cada día más serviles y manoseadas y, en consecuencia, más lejos de la ciudadanía a la que sirven. Enero de 2024 no será recordado como un episodio productivo en nuestra actual democracia, y febrero viene cargado de dinamita altamente volátil, con el agravante de estar manejada por líderes que no van a dudar en lanzarla sin criterio ni objetivo más allá de hacer todo el daño posible al rival político. España está en una situación crítica que se ha ido aceptando socialmente por la técnica de la aguja hipodérmica: ni siquiera nos hemos enterado de que nos han inoculado patógenos muy peligrosos hasta que han manifestado sus efectos.

Uno de los hitos de la semana vencida ha sido la redefinición, o el intento de redefinición, de lo que es o no es terrorismo, esta vez en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya cuerda de funambulista es cada día más trémula y delgada. La manifestación es alarmante. Ningún gobernante occidental en su sano juicio se ha atrevido hasta la fecha a considerar que el terrorismo existe o no dependiendo de sus necesidades personales, porque tal afirmación conlleva la traición a todos los principios de igualdad ante la ley, además de atentar contra la razón. Pero es todavía más alarmante la intención real. Al secesionismo catalán que maneja a Sánchez a su capricho no le encaja la redacción de la ley de amnistía que se pretende devolver al Parlamento a través de un procedimiento no exento de grietas. Con lo visto hasta la fecha, no resulta paranoide pensar que Sánchez está negociando en el mismo cuarto oscuro en el que vendió Pamplona una ulterior reforma del Código Penal para rearbitrar el concepto de terrorismo, lo que constituiría de facto una salida tanto para los investigados en Cataluña como para buena parte de los condenados por pertenecer a la organización criminal y terrorista ETA.

Para mejorar las cosas, la Fiscalía del Estado actúa como un muñeco de Ferraz a pura connivencia con el Gobierno, la Presidencia del Congreso está en manos de una persona de nulo bagaje moral y Europa tiene que sentar en una mesa a los partidos mayoritarios -el que ganó las elecciones, el Partido Popular, y el que las perdió pero buscó socios para gobernar, el PSOE- para renovar el Consejo del Poder Judicial, actualmente en precario y elegido a dedo por la adscripción política de los magistrados. Resulta descorazonador el panorama, que los señalados resuelven llamando fachas a todos los que no piensan como ellos. Es hora de la sociedad, de las personas y de la razón.