Pese a que la provincia cerró 2023 con cerca de 2.000 parados menos que un año antes, el número de beneficiarios de prestaciones creció en cerca de 1.300 al pasar de 17.599 personas en diciembre de 2022 a 18.786 en el último mes del pasado año, de acuerdo a los datos publicados esta semana por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Ese incremento, del 6,7% en términos porcentuales, conlleva también un aumento aún mayor del gasto total en esas prestaciones, que se eleva hasta los 17,6 millones de euros, un 10,5% por encima de lo empleado un año antes. Además del aumento de perceptores, la subida responde también al incremento de las cantidades que reciben que, en el caso de las prestaciones contributivas, dependen de las cotizaciones previas del trabajador desempleado, mientras que los subsidios suben en función de otros indicadores, como el Renta a Efectos Múltiples (Iprem).

En el primero de esos casos, la cuantía media de la prestación subió algo más de un cinco por ciento y se sitúa en 950 euros, 48 más que el promedio de diciembre de 2022. Con ello, son unos 7,5 millones de euros los empleados en esas pagas mensuales, conocidas como el paro convencional, que se paga a desempleados con un límite máximo de 24 meses.

Los perceptores de la prestación contributiva fueron los que menos subieron en la comparación interanual, al pasar de 7.511 a 7.893, mientras que lo hacían en un 8,3% (de 8.849 a 9.588) las personas que reciben subsidios, cuantías inferiores que se destinan a quienes han agotado la prestación y tienen cargas familiares, no tienen el periodo de cotización mínima o colectivos como mayores de 55 años o emigrantes retornados.

Por otra parte, crecían un 5,3% (de 1.239 a 1.305) los perceptores de la Renta Activa de Inserción, un pago de último recurso, de 480 euros, que se concede por un máximo de 11 meses a personas en situación de dificultad socio-económica.