El resultado de las últimas elecciones autonómicas y generales aboca a la clase política española a un campeonato por ver quién "traga" con las exigencias, a cual más inaceptable, de sus imprescindibles socios.

El último en ceder ha sido el dirigente popular de Murcia, Fernando López Miras quien, tras meses negando la entrada a VOX en su próximo gobierno, ha tenido que abrirles la puerta ante el abismo de una repetición electoral.

Abascal se sale con la suya; consigue dos consejerías, entre ellas la de Interior, Seguridad y Emergencias, que lleva aparejada la vicepresidencia. El que la ultraderecha ostente la dirección de Interior no es baladí en una región como la murciana donde la población trabajadora inmigrante es muy numerosa y este partido ha recogido el voto xenófobo. Demuestra, asimismo, que el intento de Feijoo de cara a la investidura, de demostrar que no es su socio principal es puro postureo. Pese a que se reúna antes con un portavoz de Sumar, o con los independentistas catalanes, el líder del PP sólo puede contar con VOX y eso le condena al ostracismo.

Y en el otro lado del hemiciclo, pese a la condescendía con que los dirigentes del PSOE valoran el presunto fracaso del PP, en la que ya consideran "investidura fallida", tampoco Sánchez lo tiene fácil. Como era de esperar, la proximidad de las elecciones en País Vasco y Cataluña está haciendo que las formaciones consideradas "moderadas", como el PNV y ERC, suban sus exigencias para competir con el radicalismo de Junts y Bildu.

La última "sorpresa" la ha protagonizado el lehendakari Iñigo Urkullu con su propuesta de reinterpretar la Constitución para convertir a España en un estado plurinacional donde las Comunidades históricas, o sea País Vasco y Cataluña, casualmente, tengan el derecho a decidir pactándolo con el Estado. Es decir, autodeterminación con otro nombre.

El PSOE, que va a decir, pues que es legítima, que están dispuestos a dialogar aunque no la compartan. Así que entre la amnistía encubierta, la autodeterminación encubierta y lo que quede por reclamar de aquí a Octubre, el estupor y la sorpresa va a ser la tónica de la vida política.

Al final va a ser el Tribunal Constitucional, una vez más, el que recuerde como lo ha hecho ya en varias sentencias, que el único titular de la soberanía es el conjunto del pueblo español. Y que es este tribunal el único encargado de interpretar la norma básica de nuestro Estado de Derecho. Y que ni el lehendakari Vasco ni ningún otro dirigente autonómico o nacional puede hacer su "lectura" interesada de la Carta Magna.