La Fiscalía apoyó ayer archivar la causa abierta por el asesinato del edil del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997 contra tres exjefes de ETA al ver prescrito el atentado, y pidió no crear una «jurisprudencia de excepción» para sentarlos en el banquillo, al suponer una «merma del Estado de Derecho».
Según explicó el Ministerio Público, no cabe la «aplicación retroactiva» de la reforma de 2010 del Código Penal que declaró «imprescriptibles» los delitos de terrorismo que hubiesen causado la muerte de una persona porque dicha norma tiene una disposición transitoria que impide su aplicación para casos ocurridos antes de su entrada en vigor.
Cuatro exdirigentes de la banda terrorista -Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Soledad Iparaguirre, Anboto y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri- están procesados en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad como miembros del comité ejecutivo de ETA en el secuestro y asesinato del joven concejal.
Ayer, la Audiencia Nacional estudió en una vista los recursos que interpusieron hace unos meses los tres primeros contra el auto que propone sentarlos en el banquillo al considerar que el crimen ya ha prescrito para ellos por haber pasado más de 20 años -plazo legal de prescripción- entre el atentado y el momento en que se dictó una resolución en su contra.
Las defensas defendieron esta idea y el fiscal Carlos García Berro respaldó su tesis en un discurso en el que pidió no crear una «jurisprudencia de excepción» ni hacer «interpretaciones imaginativas» en torno a la prescripción cuando «el legislador lo ha dejado muy claro».
En este sentido, García Berro solicitó al tribunal que no posponga su decisión sobre la prescripción, un asunto que llegó a provocar discrepancias incluso entre fiscales. Frente a su postura y la de las defensas, las acusaciones ejercidas por el PP, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros, pidieron seguir adelante con la causa.
Las partes denunciantes hicieron referencia a la jurisprudencia que avala continuar con el procedimiento y el abogado del PP, Jesús Santos, añadió que solo así se podrá salvaguardar la dignidad de las víctimas para «conocer la verdad» y obtener una reparación frente a «los hechos más execrables».
A diferencia de Mikel Antza; Iñaki de Rentería; y Anboto, la Fiscalía no vio prescrito el atentado respecto al cuarto exjefe de ETA procesado José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, al haberse dictado su procesamiento en 2016, antes de que venciera el plazo de vencimiento.
Colaboración
Para mostrar su colaboración con la Justicia, ayer salieron a la luz las respuestas en abril de algunos etarras arrepentidos convertidos en testigos protegidos. «Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la Justicia y la Guardia Civil», dejando claro su disposición a cooperar con la Audiencia Nacional para impulsar algunas causas.
Las declaraciones de estos exmiembros de la banda terrorista -cuya identidad se mantiene bajo secreto- se incorporaron a siete causas en las que el órgano judicial investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en diversos atentados tras querellas presentadas por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.