Las Cortes regionales han comenzado el año aprobando una nueva ley, la del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es el órgano que permite que un grupo de representantes de la sociedad puedan participar en el desarrollo de la UCLM. Además se ha sacado con acuerdo de PSOE y PP. No ha sido por unanimidad porque Vox ha presentado una serie de modificaciones que no han salido adelante.

El diputado de Vox Luis Blázquez señaló que quería quitar el requisito de paridad, reducir la representación de la patronal y sindicatos y además proponían eliminar las retribuciones de los consejeros, dejando las dietas por asistencia o gasto de kilometraje. A Vox no le sorprende que se mantengan las retribuciones, pues ya recuerda que el pasado año PSOE y PPsacaron una Ley de Integridad Pública que se utilizó «para incorporar la paguita VIP, un pago dorado para exaltos cargos», tal y como denunció Blázquez.

El presidente del Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy, explicó que aunque se mantengan las retribuciones, la mayoría de los consejeros renuncian a ellas. «La mayoría de los miembros, como es mi caso, no cobran esas retribuciones», explicó.  Además informa de que aquellos consejeros que renuncian dejan ese dinero para que «se generen becas para alumnos con situaciones sobrevenidas». Además defiende que se mantengan si al Consejo va alguna persona que no tenga ninguna retribución porque no tenga otro trabajo y «lo necesite». 

Al margen de este debate pecuniario, el consejero de Educación, Amador Pastor, intervino en el debate para comentar las novedades de esta modificación legislativa. Se amplía el número de consejeros a 21 (antes eran 19). También se garantiza la representación de nuevos perfiles, como las entidades de economía social o las empresas o fundaciones que tengan suscritos convenios con la Universidad regional o contratos de investigación, de ciencia o prácticas. También esgrime que la nueva normativa «refuerza la transparencia y la rendición de cuentas de este órgano». 

Por parte del PP intervino la diputada María Gil, que destacó que su partido consiguió la inclusión de una enmienda para garantizar la representación de las personas con discapacidad. «Nos alegramos de que nuestra propuesta se haya tenido en cuenta y figure la represtación del Tercer Sector, con un importante peso de las asociaciones de personas con discapacidad», apostilla.

Gil comenta que el Consejo Social tiene que ayudar a la Universidad para «dar respuestas a las necesidades de la sociedad y de los estudiantes», incidiendo en la urgencia de bajar los datos del paro juvenil. 

La Ley del Consejo Social de la UCLM se ha aprobado hoy y da un plazo de seis meses para renovar este órgano con lo establecido en la normativa. También da un plazo de un año para que el Consejo se dote de un reglamento nuevo.