Si semanas atrás el Gobierno blandía a diestro y siniestro el borrador del informe de la Comisión de Venecia sobre la Ley deamnistía propuesta por el Ejecutivo, pactada previamente con los independentistas catalanes, principales beneficiarios del texto legal, ahora el organismo del Consejo deEuropa elevó a definitivo el informe, pero con varias de las enmiendas presentadas por el Partido Popular. El resultado es que seguramente tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los partidos independentistas catalanes no les habrá gustado las limitaciones que en el informe definitivo se recogen.

Las modificaciones que recogen los expertos del Consejo deEuropa van en dos direcciones. Por un lado, limitan los hechos que se pueden acoger a la nueva ley y, por otro, limitan el período. En cuanto a los delitos de terrorismo, la Comisión de Venecia asegura que para que tenga encaje en la legislación internacional no debe beneficiar las violaciones graves de los derechos humanos. Por otro lado, para la malversación considera que debe vincularse el gasto de los fondos públicos con las convocatorias ilegales de consultas electorales entre 2014 y 2017.

Además, instan a que el nuevo texto legal tenga el respaldo de una mayoría política cualificada amplia y no sólo una ajustada mayoría absoluta, como fue el caso de la última votación celebrada esta semana en el Congreso de los Diputados.

Lejos de conseguir la reconciliación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclama, la Ley de Amnistía comenzó su andadura para su aprobación con posturas contrapuestas de los distintos partidos políticos. El Ejecutivo, con el ministro de la Presidencia a la cabeza, Félix Bolaños, quiso vender un borrador de un organismo del Consejo de Europa como el aval a un texto legal que nace viciado per se. Y lo hace porque en su redacción participaron fuerzas políticas cuyos líderes se beneficiarán de ella. Juez y parte. El único objetivo de la nueva ley no es la reconciliación de los españoles, es el mantenimiento en el poder de Pedro Sánchez que demuestra su egolatría cueste lo que cueste.

La Ley de Amnistía quedó en un segundo plano gracias a los casos de corrupción del caso Koldo y el anticipo de las elecciones catalanas para el 12 de mayo. La situación se complica para un Pedro Sánchez al que ya sólo le queda la salida hacia adelante y parece que el callejón se estrecha cada vez más y el muro final está cada vez más cerca.

El informe de la Comisión de Venecia supone un revés para Pedro Sánchez, pues si bien avala la posibilidad de una Ley de Amnistía, dice a las claras que no se puede hacer un traje a medida del carajal que es en la actualidad la política española.