El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete ha denegado las medidas cautelarísimas que solicitaban los tres concejales díscolos de Vox, José Ramón Conesa, Leticia Alejandra Martínez y José Bernabé Cotillas, según han confirmado a La Tribuna de Albacete fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La decisión de la dirección nacional de Vox de cesar a tres de sus concejales en el Ayuntamiento de Albacete, por abstenerse en la votación de los Presupuestos Municipales para 2024, permitiendo que salieran adelante, provocó que los tres ediles presentaran una demanda civil en los juzgados por vulneración de derechos fundamentales, contra la resolución sancionadora del partido de Abascal, que los ha inhabilitado y suspendido de funciones.

Junto a la demanda civil, los tres demandantes solicitaron medidas cautelarísimas 'inaudita parte', es decir, sin escuchar a la parte demandada, para que la resolución sancionadora quedará suspendida cautelarmente hasta que el juzgado resuelva el procedimiento principal (demanda civil por vulneración de derechos fundamentales).

La demanda civil junto con la solicitud de medidas cautelarísimas se repartió desde el Decanato de los Juzgados al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete, resolvió ayer sobre la petición de medidas cautelarísimas. Dictando Auto en el que se deniega la solicitud de dichas medidas, "al no concurrir los presupuestos para adoptar las medidas cautelarísimas sin escuchar a la parte demandada".

Por tanto, el siguiente paso a nivel judicial será señalar comparecencia para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, pero escuchando a la parte demandada, lo que implicará que representantes de Vox tengan que declarar ante los juzgados albacetenses para explicar el por qué de su decisión de cesar a tres de sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Albacete.

Dicha declaración se producirá, casi con toda seguridad, pasado el mes de agosto, puesto que éste es inhábil.

Al margen de esto, se seguirá tramitando por el juzgado el procedimiento principal, esto es la demanda civil por vulneración de derechos fundamentales.