Las citas judiciales están poniendo de los nervios a los socialistas. El ministro Bolaños, que nunca duda de su razón, ha decidido tomar cartas en el asunto y acabar de un plumazo con las acusaciones populares. Esta figura jurídica que, de alguna manera, viene reflejada en la Constitución, se ha convertido en la permanente arma arrojadiza del los populares contra los socialistas, y viceversa. Es decir, como si su enfrentamiento diario en el Congreso y en cualquier foro que pillen no fuera suficiente, lo trasladan también a los tribunales.
La fórmula es una proposición de ley que pretende prohibir a los partidos ejercer la acusación particular, además de evitar que se admitan las denuncias basadas en recortes de prensa. El problema, al margen de la precipitación (no se ha hablado con los socios que deben apoyar la propuesta) y un tufo de interés particular en la cuestión, es que todas, (sí, todas), las asociaciones de jueces se han manifestado en contra y denuncian su posible inconstitucionalidad. Desde la Asociación Francisco de Vitoria (en el término medio entre la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces y Juezas por la Democracia) denuncian que la reforma "parece haber sido concebida para aplicarse a casos concretos".
Si de verdad se persiguiera el bien general y la mejora en los procedimientos judiciales, se debería afrontar una reforma en profundidad y adecuación al siglo XXI de la ley de Enjuiciamiento Judicial. Su objetivo, precisamente, es regular las actuaciones judiciales que afecten a cualquier proceso penal.
Curiosamente, este imprescindible texto legal lleva en vigor desde 1882. Tanto el PP como el PSOE, desde sus respectivos gobiernos, han introducido enmiendas, pero el grueso de su texto sigue en vigor casi ciento cincuenta años después de su promulgación. Con una dilatación en los procesos judiciales insostenible. Pero eso, ¿a quien preocupa?
Fue un insigne jurista del siglo XIX, Alonso Martinez, a quien ahora se le conoce por la boca de metro que lleva su nombre, quien, siendo ministro de Gracia y Justicia, elaboró la ley. No contento con eso, un año más tarde elaboró el Código Civil que también sigue en vigor.
Precisamente ahora, que con tantos fastos se conmemoran los 50 años de la llegada de la democracia (que en realidad llegó con las primeras elecciones dos años después), se podrían poner de acuerdo para modificar una legislación que ya estaba en vigor en la dictadura.