Pedro Barato Triguero (Calzada de Calatrava, 1959), licenciado en Derecho y agricultor y ganadero en Ciudad Real, ha liderado la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) como presidente nacional desde 1990. En estos momentos, también es presidente de la Federación Española de Autónomos, CEAT;  de la Comisión de Seguridad Social de CEOE y miembro de su junta directiva nacional, de la Junta Directiva de Fremap y del consejo asesor agropecuario de Mapfre Empresas.

En 2024, bajo su dirección, Asaja ha continuado su compromiso con la defensa y promoción del sector agrario español, implementando programas formativos plurirregionales para agricultores y ganaderos, y participando activamente en la negociación de políticas agrarias a nivel europeo. Además, Barato ha sido reelegido como vicepresidente del COPA, la principal organización de agricultores europeos, reforzando su influencia en la defensa de los intereses del sector a nivel comunitario. La Tribuna habla con él sobre la actualidad del sector agrícola, las consecuencias de la DANA, la elección de Teresa Ribera en la Comisaría Europea o la de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. 

¿Cuál es la salud de Asaja y la situación de los agricultores?

Asaja cierra el año con un saldo positivo, gracias a la incorporación de 147 nuevos agricultores, aunque también hemos sufrido 58 bajas, principalmente por jubilación o cese de actividad. Esto refleja una realidad preocupante: el envejecimiento del sector. 

Dicen que el campo necesita relevo generacional. ¿Cómo afrontan este reto?

El relevo generacional es clave, pero para que la gente joven pueda incorporarse hace falta dinero y menos burocracia. Se puede hablar con muy buena voluntad de nuevas incorporaciones, pero si no se apoya realmente a los jóvenes, es imposible. Programas como el 'Cultiva' ayudan, porque permiten que jóvenes de toda España vayan a explotaciones que se ajusten a sus intereses, ya sea en ganadería, agricultura o cualquier otro ámbito. Sin embargo, estas vocaciones deben acompañarse de medidas claras y concretas que faciliten su entrada al sector. 

¿Qué opina de la inmigración en el sector agrícola?

La inmigración nunca ha sido un problema, sino una solución. Lo que hace falta es organizarla de otra manera, de modo que quienes vengan tengan derecho a trabajar legalmente y en condiciones dignas. Este es un aspecto fundamental que debemos abordar si queremos garantizar el futuro del sector. 

Este año se ha visto marcado por la lengua azul. ¿Cómo ha afectado al sector y qué medidas se han tomado?

La lengua azul ha sido uno de los problemas más graves del año. El principal obstáculo fue la restricción en el movimiento de animales entre comunidades autónomas, algo que generó mucha incertidumbre y preocupación. Trabajamos intensamente con la Administración Nacional y conseguimos desbloquear esta situación en la mayoría de las regiones, como Castilla y León, Extremadura y Madrid. Sin embargo, en zonas como Murcia aún persisten restricciones que deben resolverse cuanto antes. Además, hubo problemas con el suministro de vacunas, un tema recurrente que afecta a la gestión de estas crisis sanitarias. Afortunadamente, se ha conseguido garantizar el suministro de corderos en los cebaderos, lo que significa que no debería haber grandes problemas durante la campaña navideña. Sin embargo, hay que destacar que los precios deben reflejar los costes de producción, porque los ganaderos no pueden seguir trabajando a pérdidas. Las exportaciones de ovino y vacuno a países del norte de África y la región del Golfo han sido clave para estabilizar el mercado, y es algo que debemos seguir impulsando.

¿Han tomado alguna medida exacta desde Asaja?

Hemos realizado una petición para que los animales muertos por lengua azul sean indemnizados, como ya sucedió con la viruela.

¿Qué balance hace Asaja del año 2024 para el sector agrario?

Ha sido un año mejor que 2023 y 2022, aunque todavía enfrentamos importantes desafíos. Los costes de producción han seguido siendo muy altos, y la falta de mano de obra en el sector agrario es un problema estructural que requiere una solución urgente. 

La DANA ha golpeado duramente al campo español. ¿Qué impacto ha tenido y qué soluciones propone?

En torno a 52.000 o 53.000 agricultores se han visto afectados, con más de 70.000 hectáreas dañadas. Los campos están llenos de colchones, lavadoras y otros enseres arrastrados por las aguas. Es fundamental que las ayudas lleguen rápido y de manera directa, porque, de lo contrario, muchas explotaciones desaparecerán. En Valencia, la DANA ha coincidido con el inicio de la campaña citrícola, lo que agrava la situación. Las ayudas deben ser objetivas y orientadas a reparar tanto las instalaciones como la maquinaria perdida. Si no hay un apoyo real, muchas historias personales y proyectos se perderán. El viernes me reúno con el ministro Planas y espero tener datos concretos de los afectados tanto en Valencia como en Málaga. 

Los agricultores han vuelto a 'tirar del carro', como ya hicieron en pandemia. ¿Qué le diría al resto de la sociedad sobre ellos?

Como siempre, ellos fueron los primeros en ayudar. Las primeras máquinas que llegaron a las zonas afectadas eran de agricultores, demostrando una vez más su compromiso y entrega. Sin embargo, esto no puede sustituir el apoyo institucional necesario, pero esa solidaridad del sector agrícola nos hace sentir orgullosos. 

¿Cómo afecta al sector la gestión de Teresa Ribera y qué expectativas hay sobre su nombramiento en Europa?

Teresa Ribera ha dialogado poco o nada con los agricultores y ha impuesto decisiones como la protección del lobo, que perjudica directamente a la ganadería. En otros países europeos ya se están replanteando esta protección, pero aquí seguimos protegiendo al lobo más que a los ganaderos. 

También hemos denunciado la falta de inversiones en obras hidráulicas y la dejadez en la limpieza de cauces, algo fundamental para prevenir desastres como las inundaciones. En Europa, no queremos otro escenario como el de Timmermans, que complicó enormemente la actividad agraria con burocracia y restricciones que no benefician a nadie. 

¿Cómo evalúa la situación del sector vitivinícola en la región?

La producción de vino ha crecido un 17%, pero los precios han caído por debajo de los costes, lo que genera un desequilibrio grave entre oferta y demanda. Por primera vez, el precio de la uva blanca está por encima del de la tinta, algo que refleja un cambio en el mercado.

Hemos solicitado al ministro Planas un programa similar al implementado en Francia, que permita un arranque definitivo en algunas zonas para ajustar la oferta. Además, es imprescindible reforzar los controles en la cadena de valor para garantizar precios justos y evitar abusos desde diversos puntos de la cadena, porque siempre acaba perdiendo el eslabón más débil. 

Recientemente, Donald Trump ha sido elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de nuevos aranceles en Estados Unidos?

Los aranceles, especialmente en productos como el vino o el aceite de oliva, son muy preocupantes. Ya hemos vivido situaciones similares en el pasado, y siempre terminan afectando al campo español de manera injusta. No tiene sentido que disputas entre grandes empresas aeronáuticas, como Boeing y Airbus, acaben perjudicando nuestras exportaciones. La diplomacia es clave en estos casos, y necesitamos que el Gobierno haga un esfuerzo para evitar que estos aranceles se conviertan en una realidad. Necesitamos tener gobiernos amigos. 

¿Cómo resumiría en una frase corta el año 2024 para el campo español?

Un año complicado, con graves problemas en los cereales y el sector vitivinícola, pero con resultados positivos en otros sectores como el ovino y el vacuno gracias a las exportaciones.