En la pasada Nochebuena, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba algo que pasó inadvertido para casi todo el mundo: la decisión del Gobierno de devolver al PNV un palacete en París, en el número 11 de la Avenue Marceau, que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa desde 2009. ¿Fue esencialmente un acto de justicia histórica o se trató de una prebenda más para uno de sus aliados parlamentarios? Hay argumentos para responder afirmativamente a ambos interrogantes.

Lo cierto es que después de varias décadas, la que fuese histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París vuelve a ser propiedad del PNV, a pesar de que esa polémica cesión estaba incluida en el ya famoso decreto ómnibus tumbado esta semana en el Congreso. Los nacionalistas vascos ya han dejado claro que la no convalidación del decreto no anula la transmisión del palacete, dado que no suprime los efectos generados durante su vigencia. De hecho, ya lo han registrado a su nombre.

Con su innegable estilo parisino, este inmueble (valorado actualmente en más de 15 millones de euros) fue adquirido por el PNV en 1936 para convertirlo en sede del Gobierno vasco en el exilio en plena Guerra Civil y durante varios años siguió manteniendo este estatus al inicio del régimen franquista. 

Sin embargo, las cosas cambiaron en 1940, con la ocupación alemana de París durante la II Guerra Mundial. Los exiliados vascos pudieron permanecer en el palacete hasta el 19 de julio de 1943, fecha en la que fue ocupado por la Gestapo (la Policía secreta del régimen nazi) y posteriormente entregado al Gobierno de Franco. Liberada la capital gala en 1944, la delegación franquista que se encontraba allí se marchó y el edificio volvió a ser ocupado por el Ejecutivo vasco en el destierro.

Tras un paréntesis de siete años, en 1951, las autoridades francesas atendieron a la reclamación del régimen franquista sobre el inmueble y el PNV perdió definitivamente la propiedad, que pasó a manos del Gobierno de España hasta ahora, que el Ejecutivo socialista se lo ha cedido a la formación jeltzale, amparándose en la normativa de la Ley de Memoria Democrática.

Según explicó el PNV, «en la decisión del Gobierno ha pesado de forma decisiva una circunstancia relevante: quedó plenamente probado que, si bien lo utilizó el Gobierno vasco en el exilio, quien adquirió y pagó el edificio fue EAJ-PNV».

El Partido Nacionalista Vasco valoró lo como un acto «de justicia» que da satisfacción a una reclamación que llevaban «décadas planteando» y que, además, contaba con el visto bueno del popular Mariano Rajoy durante su etapa en la Moncloa, como insisten en recordar.

Sin embargo, la cesión de Sánchez cuenta con antecedentes en contra. En 2003, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de los independentistas para la entrega argumentando que la titularidad no estaba clara y que, en cualquier caso, la documentación aportada por el PNV apuntaba más a una propiedad del Gobierno vasco que del partido.

El acuerdo, no obstante, tiene detalles curiosos. Aunque ya ha sido traspasado de manera formal, el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030. El Estado continuará haciendo uso de él hasta esa fecha, pero abonando desde el 1 de enero de este año «una renta de mercado», según la han definido. Oficialmente se desconoce la cantidad, pero hay medios que han publicado que España pagará al PNV un millón de euros anuales.

Este es uno los motivos por el que el PP ha condenado esta operación, anunciando incluso que investigará si oculta una financiación irregular a favor los jeltzales. «La cesión del palacete es un regalo de Sánchez como pago para sostenerle en el poder», apuntó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Bildu también expuso alguna reticencia al considerar que debe ser propiedad del Gobierno vasco y no de un partido político.