El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ubica la corrupción entre las principales preocupaciones de los españoles. Desde Bárcenas hasta la operación Púnica, pasando por los ERE de Andalucía y la supuesta irregularidad con la Hacienda Pública del número tres de Podemos, estas irregularidades están menoscabando la credibilidad de los políticos y alimentando la desafección social hacia ellos. Un juez, un fiscal, un profesor universitario y un filósofo han desgranado para La Tribuna de Albacete sus recetas contra la corrupción, desde el punto de vista político, jurídico y ético.

Las preguntas:

1.- ¿Qué tipo de ingredientes serían aconsejables para luchar contra la corrupción desde el punto de vista político?

2.- ¿Cómo combatiría usted la corrupción desde el punto de vista judicial?

3.- ¿Cuál sería la solución para la corrupción desde el punto de vista ético?

JUAN FRANCISCO RÍOS PINTADO Fiscal Provincial de Albacete

1º. Me permitirá que no entre en política.

2º. El Código Penal castiga un amplio elenco delictivo en los que se produce un aprovechamiento y un enriquecimiento, como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones prohibidas a los funcionarios, o la corrupción en las transacciones internacionales. Téngase en cuenta que el simple particular también responde penalmente cuando, por ejemplo, pretende comprar a un funcionario, como en el caso del cohecho, o cuando tiene encargado, aun transitoriamente, la custodia de caudales públicos de los que se apodera, o permite el apoderamiento ajeno. Desde estas premisas, más que con la introducción de tipos penales nuevos o exacerbando la punición, quizás jurídicamente lo más adecuado para poner coto a estas conductas sea incrementar las medidas de control, por ejemplo en la contratación administrativa, mediante el establecimiento de supuestos o requisitos tasados en los que se puedan celebrar los contratos, así como las desviaciones máximas presupuestarias permitidas en su ejecución, con control de autorización por un órgano administrativo superior. Se trataría de reducir la discrecionalidad en la contratación administrativa y los abusos que puedan derivar de las desviaciones presupuestarias en la ejecución del contrato, de manera tal que lo que inicialmente costaba x pase a costar 3x. La cuestión radica en que tales medidas se habrían de adoptar de tal manera que no se produjera dilación en la contratación administrativa.

3º. Los españoles debemos tomar plena conciencia de algunas cuestiones que me temo no tenemos claras. Así, por ejemplo, que el dinero público no es que no sea de nadie, sino que es de todos. Es el fruto del esfuerzo de todos los españoles prescindiendo de parte de sus ingresos o patrimonio que, en lugar de destinar a satisfacer las necesidades o intereses propias o de su familia, destinan, con esfuerzo, a atender las necesidades de todos, y, en particular, de aquéllos que están necesitados. En definitiva, cada vez que se distrae una cantidad de dinero los perjudicados somos todos, porque a todos nos están robando lo que es nuestro. De la mano de esta idea viene otra: cada vez que defraudamos un tributo, aportando menos de lo que nos corresponde, estamos robando al conjunto de la sociedad. Si todos tomamos conciencia de estos conceptos, la defraudación se reduciría y moralmente sería más difícil a quien tuviera la tentación de aprovecharse de su cargo para beneficiarse a costa de los caudales públicos, hacerlo, simplemente porque se vería a sí mismo como lo que es: un ladrón.  Hablamos de concienciación ciudadana en muchos terrenos, entre los desgraciadamente más de moda, la violencia de género o familiar, con programas de concienciación en los colegios e institutos. Creo que entre esas prioridades de concienciación debiera estar también esta materia.

ANTONIO NEBOT Coordinador territorial de Jueces para la Democracia

1º. Respeto absoluto a la independencia del poder judicial, comenzando por evitar injerencias del poder político en la elección del presidente y miembros del Consejo General del Poder Judicial, que entre otras funciones tiene la de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y  de los Tribunales Superiores de Justicia, encargados del enjuiciamiento de los corruptos aforados. Mejoraría la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria. Mejora de las normas en materia de contratación pública en orden especial a su transparencia y reforma de la Ley del Suelo.

2º. Un poder judicial independiente con incremento del número de jueces y fiscales equiparable a la media europea y que cuente con medios personales y materiales adecuados. Policía judicial dependiente orgánica y funcionalmente de jueces y magistrados. Un nuevo proceso penal, ágil y eficaz para combatir la corrupción y delincuencia organizada, que disponga de auténticos peritos judiciales.

3º. Como en otros muchos problemas,  la educación es parte esencial de la solución. Sustituir la sociedad y cultura del consumo, con lo que de esclavitud representa, por otra forma de vida que nos lleve a vivirla con respeto a los demás.

PEDRO OLIVER Profesor de Historia Contemporánea de la UCLM

1º. Desde el terreno de la política conviene iniciar un debate serio sobre qué sistema de financiación de partidos queremos, y poner fin a la ausencia de controles reales, acabando de una vez por todas con el papel cuasi irrelevante del Tribunal de Cuentas. Esto mismo podemos oírlo en boca de algunos gobernantes, pero suena a retórica vacía cuando comprobamos que la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, que está en trámite, tampoco soluciona esta ausencia real de controles independientes. Unido a esto está, claro, la necesidad de dar la máxima transparencia posible al funcionamiento de las instituciones públicas, y en particular a las formas de contratación, mejorando de paso la flamante Ley de Transparencia, que deliberadamente han hecho nacer alicorta y apocada.  No obstante, a través de la denuncia y la movilización debe generarse una atmósfera de nueva cultura política en la que el dinero pierda protagonismo dentro de la vida política –nunca más la política debe ofrecerse como una fuente de enriquecimiento personal-, promoviendo la participación, la inclusión y las formas deliberativas de gobernanza de lo público.

2º. El terreno de lo penal debe quedar bien delimitado, no hipertrofiado y abstruso e incomprensible como ahora –ahora y en adelante, porque el PP con el nuevo Código Penal está hecho un lío, pretende por un lado criminalizar más la corrupción y al mismo tiempo reducir su penalización, ¡qué broma es esta!-  Cuidado con los líos del gobierno porque serán nuestros líos mañana. Sin más dudas al respecto, aunque el PP se empeñe en castigar más las protestas y controlar más a los nuevos pobres, lo que haría creíble una verdadera respuesta penal contra la corrupción sería dotar de medios materiales al sistema judicial para la investigación de la criminalidad de cuello blanco, y no solo acortar artificialmente los plazos de instrucción, que es lo que se pretende con la reforma de la Ley enjuiciamiento criminal.

3º. Desde un punto de vista ético, la corrupción ha de quedar totalmente repudiada, mal vista y despreciada, lo que implica un repudio absoluto, sin excepción, sin relativismos… Pero los valores éticos no caen del cielo ni, lamentablemente, surgen mecánicamente del corazón de todas las gentes, por lo que se hace necesario la movilización -el 15M fue un «hasta aquí», hay un antes y un después del 15M en el umbral de desafecto social hacia la corrupción política-, y se haría necesaria la formalización del apoyo institucional a la denuncia social de la corrupción, otorgando un estatus especial –un reconocimiento institucional y una cesión de recursos- a los organismos civiles que se dediquen a esa tarea (ONG, MMSS, Observatorios ciudadanos o académicos, etcétera).

GREGORIO A. SALVADOR Filósofo y periodista

1º. Es necesaria una reforma de la Ley Electoral que traslade al Parlamento la realidad de la calle y la gente. No es de recibo que se pueda manipular el sistema electoral para mantener unas subvenciones y unos escaños que no se corresponden con la realidad social. Es más de lo mismo, mantener unos privilegios a cualquier coste; en eso llevan razón los de «la casta», aunque parece que también están incurriendo en aquello que denuncian y critican. No estaría de más que el panorama se despejara de políticos profesionales que han hecho de la función pública una carrera profesional que les asegura un sustento que, de otra forma, tendrían difícil conseguir dadas sus escasas capacidades (sólo hay que echar un vistazo al currículo de algunos concejales del Ayuntamiento de Albacete, algunos parlamentarios de la Junta o de las Cortes: podemos alucinar).

2º. El asunto judicial es sencillo, bastaría con desligar ese poder del Ejecutivo y Legislativo, que en España son lo mismo y, por tanto la labor de control al Gobierno es una pantomima. ¡Qué pintan el Parlamento y el Gobierno en el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional! Además sería necesario dotar de más medios a la judicatura para agilizar las causas. Y de paso, por qué no se puede aplicar la incautación preventiva de los fondos de los corruptos, la respuesta es obvia, los principales partidos están implicados y, algunos, encausados en esas prácticas; y los que vienen no parecen ajenos a esas costumbres. Las preguntas son evidentes: ¿por qué ninguno de los partidos que han gobernado (todos con mayoría absoluta en alguna ocasión) no han hecho una reforma en la asignación de magistrados? ¿Por qué se quiere mantener ese control? ¿Qué intereses subyacen en estas prácticas? Las respuestas también son diáfanas: Si controlo los tres poderes del Estado, quién va a discutir mis decisiones y cómo se va discutir la financiación de mi formación y la de los otros que también resultan beneficiados. La transparencia ¿dónde queda?, ¿preocupan esas minucias? Garantizar la impunidad es una ventaja para todas las formaciones políticas.

3º. La ética es la gran olvidada de lo cotidiano, los padres no son capaces de enfrentar a sus hijos con la realidad, les construyen un mundo a su medida y no les inculcan ninguna responsabilidad; no en vano vivimos, los que podemos, en una situación ideal que nos enseña que cualquier deseo está a nuestro alcance, un enunciado falso, ya que lo único que merece la pena es aquello que se deriva del esfuerzo, la cooperación y la solidaridad. Luego, la enseñanza reglada sólo se preocupa de los emprendedores y otras pamemas que obvian la auténtica formación del individuo, que pasa, de forma inevitable, por su puesta en cuestión y la crisis; ¿en qué consiste el empecinamiento en el emprendimiento? En afirmar que la única finalidad de la vida es triunfar en lo práctico y olvidarse de los adornos innecesarios que representa la cultura. Cuenta un periodista americano que si nos visitaran extraterrestres, no se fijarían en nuestros logros tecnológicos, ellos los superan, quedarían impactados por los logros culturales en todos sus aspectos. Si los hijos tuvieran una formación cultural basada en la  responsabilidad y la libertad, entenderían que el beneficio de todos está por encima del particular. Lo dicho pasa por volver a considerar el Bachillerato una enseñanza terminal y el paso imprescindible para una formación superior; recordar que su intención inicial era adquirir una educación básica en cualquier materia y merecer el título de Don. Soy un ingenuo utópico.