El Parlamento Europeo ha sido escenario de un nuevo debate hispano-español en relación con el examen de Teresa Ribera para obtener el visto bueno para que sea nombrada comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, en esta ocasión por el papel que ha desempeñado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en la tragedia de la DANA del 29 de octubre, y a la que el PP acusa de estar desaparecida pese a la responsabilidad política que tiene sobre el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas. En la sucesión de exigencias de responsabilidades, o de corresponsabilidades, a la hora de afrontar las consecuencias de las inundaciones el agua ha alcanzado a Teresa Ribera, quien participó por videoconferencia en el gabinete de crisis establecido en La Moncloa con el resto de ministros concernidos.
Los eurodiputados populares españoles y todo el PP han trabajado en Bruselas para que Teresa Ribera no obtuviera el visto bueno para su nombramiento, a pesar del interés de su correligionaria al frente de la Comisión en contar con ella como uno de los puntales de su nuevo gobierno, del que será una de sus vicepresidentas y encargada de una de las carteras más importantes por las funciones que tendrá que desarrollar.
No es la primera vez que el PP traslada a los órganos de la Unión Europea los enfrentamientos nacionales. Alberto Núñez Feijóo, desde el minuto uno de su ascendencia a la cúpula de su partido, no ha dejado de interferir para que el Gobierno no consiguiera los fondos Next Generation para la recuperación tras la pandemia del covid, o llevando al Parlamento Europeo debates sobre política interior que perdieron en las Cortes, como la ley de amnistía, o más recientemente sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Pero la política cainita con respecto a los comisarios europeos también la practicó el PSOE al oponerse al nombramiento del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete como responsable de Energía y Acción por el Cambio Climático entre 2014 y 2019, en este caso por sus intereses en el sector de los hidrocarburos. Sin que se conozca cuál es la alternativa al nombramiento de Teresa Ribera, ministra de los gobiernos de Pedro Sánchez desde el primer momento, España va a seguir contando en la dirección política de la UE con una figura de peso después de que el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell tenga que dejar el cargo.
Primero fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y luego le siguieron todos los dirigentes del PP, quienes volvieron la vista hacia la responsabilidad de Teresa Ribera en la gestión de la DANA, pero se trata de interpretar y acomodar a los intereses de ocasión unos hechos objetivos, como el calendario de los anuncios por la Confederación Hidrográfica del Júcar de las crecidas de los arroyos que se desbordaron y las comunicaciones con los responsables de emergencias de la Comunidad Valenciana.
Teresa Ribera, además, se encontraba en el centro de otro de los enfrentamientos políticos típicos de la política europea en la que además de la presión de los lobbies hay que compaginar los intereses de las distintas familias políticas y en este caso su futuro se relacionaba con lo que se decidiera sobre el comisario propuesto por Giergia Meloni, el ultraderechista Raffaele Fitto, candidato para ocupar la vicepresidencia ejecutiva de Cohesión.