Más de una década después de los recortes que sufrieron de la mano del Gobierno central, las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España, 11.641 de ellas en Castilla-La Mancha, siguen pidiendo compensaciones por los perjuicios, una «injusticia» que ayer centró la jornada que la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) celebró en el salón de actos de la Diputación de Albacete para analizar la situación actual del sector.

Encuadrada dentro del recorrido divulgativo por la geografía nacional que el colectivo desarrolla anualmente bajo el título Camino del sol, en la jornada participaron el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca; su director, Rafael Barrera; el delegado en Castilla-La Mancha, Francisco Pérez Abiétar; el director de Ingeniería, Miguel Martínez-Tomás; y el diputado de Medio Ambiente, José Antonio Gómez. 

 En la jornada se puso de manifiesto que de los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable fuera de nuestro país, lo que supondrá que el Estado español deberá abonarles 2.000 millones de euros. Sin embargo, las familias españolas que en 2007 respondieron al llamamiento del Ejecutivo central para la inversión en fotovoltaicas solamente han podido recurrir a los tribunales nacionales, que han rechazado las compensaciones por la merma en las retribuciones por la producción energética que les había prometido el Gobierno nacional.    

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