Tras dar comienzo el lunes pasado en el Juzgado de lo Penal 1 de la Ciudad de la Justicia de Albacete el juicio contra una registradora de la propiedad de la capital acusada de acoso laboral por seis trabajadores querellantes, el juicio ha quedado visto para sentencia, tras una larga mañana en la que además de la declaración de distintos peritos judiciales propuestos por las distintas partes implicadas en el proceso, llegó el turno para que la querellada prestara declaración. 

En sus conclusiones finales el Ministerio Fiscal ha modificado la petición de indemnización para cada uno de los seis denunciantes, de 10.000 euros iniciales que pedía en las conclusiones iniciales para cada uno de ellos a 20.000 euros, una vez que en su opinión ha quedado probado y acreditado los hechos denunciados, es decir, que de los testimonios de los declarantes se deduce que los trabajadores querellantes sufrieron acoso laboral reiterado durante mucho tiempo por parte de la acusada.

Por su parte, el abogado de la acusación particular personada, Marcos García Montes, mantuvo en sus conclusiones definitivas la petición de pena de 36 años de cárcel para la denunciada, alguien que según él «ha hecho la vida imposible a la mayoría de sus empleados y todos tienen unas secuelas psicológicas terribles, hay lesiones psicológicas y mobbing».

García Montes también pidió al elevar sus conclusiones definitivas que se incluyera en el procedimiento la deducción de los testimonios de otras tres trabajadores, que si bien no están entre las denunciantes, también sufrieron un acoso laboral permanentes y son igualmente víctimas de este proceso.

Es la primera vez que se sienta en el banquillo una registradora de la propiedad acusada tanto de delitos de acoso laboral como de lesiones psíquicas a sus seis de sus empleados.

La Fiscalía la acusa de "someterlos" a "situaciones humillantes y vejatorias" desde su toma de posesión en 2013 hasta, al menos, 2016.

Los aplazamientos de la causa abierta contra la registradora se han debido a los recursos presentados por la denunciada, que en la actualidad, está al frente del Registro número dos de Carlet (Valencia).

Entre los testigos que van a intervenir en la sesión del martes están miembros del registro de la propiedad de Valencia, que trabajaron bajo sus órdenes.