Que la Administración de Justicia en la provincia y en la región necesita de más efectivos, jueces, magistrados y fiscales, es una situación que los responsables del Tribunal Superior de Justicia vienen advirtiendo desde hace años, y ayer la jura y promesa de siete nuevos jueces que vienen destinados en la modalidad de adscripción territorial fue una nueva ocasión para que el presidente del TSJ en Castilla-La Mancha, Vicente Rouco,  lanzara el mensaje de reivindicación, también aludiendo al efecto negativo que la posible reforma de la planta judicial (quizá suprimiendo partidos) está teniendo en la creación de plazas. Rouco indicó que en Castilla-La Mancha se hacen necesarias más de 40 nuevas plazas de jueces y magistrados, y de esas hay 23 que son «muy necesarias»; de hecho, en esas 23 se incluyen 13 que en la actualidad están funcionando ya con personal en comisiones de servicio o refuerzo, pero no con plazas judiciales definitivas.

Vicente Rouco señaló que son ya «tres o cuatro años» en los que no hay nuevas plazas para Castilla-La Mancha, y esa carencia llega a la vez que un aumento de la litigiosidad en el orden Social (donde se tratan los asuntos laborales), y también en los juzgados de lo Penal.

DEFINICIÓN CONVENIENTE. El titular del Tribunal Superior de Justicia se refería a este déficit de la administración de justicia en Castilla-La Mancha poniéndolo en relación con los posibles cambios que prepara el Ministerio de Justicia en las demarcaciones judiciales. Para Vicente Rouco sería «conveniente que hubiera una definición» de esa reforma, si es que la va a haber, porque «la falta de definición del modelo está haciendo que se demoren las decisiones sobre la definitiva creación de plazas». Eso sí, el presidente del TSJ autonómico también indicó que  si hay reforma de la planta judicial y está en los planes del ministro Alberto Ruiz Gallardón sacarla adelante  es deseable que se haga «con el máximo consenso posible», máxime cuando es una reforma «de calado».

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