La magistrada Rosario Sánchez Chacón, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Albacete, también compareció ayer ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para destacar sus méritos y defender su idea de Audiencia Provincial.
Sánchez afirmó que para la Sección Civil de la Audiencia tenía pocas propuestas, porque «presenta pocos problemas de funcionamiento y el nivel de resolución es elevado».
Sin embargo, aseguró que «no sucede lo mismo con la Sección Penal, en la que sí que se presentan disfunciones», que explicó que conoce personalmente, ya que trabajó allí, en comisión de servicio, durante tres años. «Propongo una serie de medidas, tendentes básicamente a mejorar la eficacia resolutiva, a mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros que en ellas sirven, sobre todo con el fin de reducir el tiempo de dedicación en las salas de vistas y en las deliberaciones y por último, solventar el problema que se plantea con las abstenciones en los procedimientos de Primera Instancia, por el conocimiento previo de los asuntos y resolución de resoluciones interlocutorias».
Las medidas. Entre las medidas que tiene previsto llevar a cabo, «la primera es la relativa a conseguir una medida de refuerzo, para que dicha sección (la penal) pueda funcionar como dos secciones independientes».
La segunda medida que se propone sería «la modificación de normas de reparto de asuntos, asignación de ponencias y criterios de señalamiento». Además considera que «podría contribuir a optimizar los recursos disponibles».
La magistrada también destacó que potenciará «la celebración de plenos no jurisdiccionales, para la unificación de criterios».
Respecto a los juzgados de la provincia, afirmó que su compromiso es el de «mantener un contacto fluido y cercano con los compañeros y de plena colaboración con los futuros presidentes de Tribunales de Instancia y Juntas de Jueces».
También velará por la elaboración de unos «planes anuales de sustitución ordinaria, que garanticen la prestación del servicio mediante jueces y magistrados titulares y que ofrezcan a los mismos la posibilidad de disfrutar o satisfacer sus necesidades de conciliación y formación».
Además propone reactivar el protocolo de conformidades y promover encuentros periódicos entre jueces y magistrados de la misma jurisdicción, para la unificación de criterios. Por eso quiere crear un «servicio de mediación intrajudicial o el servicio de justicia restaurativa».
Sobre su capacidad para el cargo, afirmaba que «he alcanzado la experiencia profesional y las habilidades sociales idóneas para afrontar este nuevo reto».