La empresa adjudicataria del contrato para la demolición de las antiguas viviendas de la Renfe, Delatapunt3000 S.A., ya ha comenzado los trabajos previos en uno de los bloques afectados por el expediente de derribo, el número 28 de la calle Puerta de Chinchilla, compuesto por ocho viviendas, cuyos inquilinos ya han sido desalojados previa recepción del auto judicial de entrada. De esta forma, los operarios iniciaron ayer los trabajos que conducirán a partir del jueves al derribo de todo el edificio compuesto de 64 viviendas (52 de ellas de titularidad del Ayuntamiento; cinco de Adif y siete de propietarios individuales) ubicado entre las calles Jorge Juan y Puerta de Chinchilla, tal y como confirmó a La Tribuna el concejal de Urbanismo, Julián Garijo.

En concreto, los trabajadores de la empresa a la que se le adjudicó en diciembre pasado el contrato de demolición, por importe de 314.00 euros, que deberá ejecutarse en un plazo de tres meses, procedieron al vallado del perímetro del primer grupo de viviendas deshabitadas, dejando acceso a los portales que todavía están ocupados por personas, en la mayoría inmigrantes temporeros, para después iniciar la retirada de escombros del patio interior y del amianto.

La expectación que generó entre los ocupantes de estas viviendas este desahucio, que en días pasados unidos en solidaridad denunciaron en un escrito remitido a los medios que el Ayuntamiento quería desahuciarles ilegalmente, hizo que toda la zona estuviera blindada y custodiada por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, ante la posibilidad de que se pudiera producir algún altercado que comprometiera la seguridad ciudadana.

Garijo aclaró que este expediente se remonta a noviembre de 2018 cuando un informe técnico de Urvial (sociedad de gestión urbanística encargada de estas viviendas y de su mantenimiento) dictaminó que podría haber problemas en la estructura del inmueble, por lo que propusieron la realización de un estudio estructural del edificio, que posteriormente en marzo de 2022 concluiría con la declaración de ruina de la construcción.

Es precisamente el peligro inminente de derrumbe lo que una vez superados todos los trámites administrativos de este procedimiento llevan ahora al Ayuntamiento a tomar la decisión del derribo. «Si hay un informe desde el año 2022 diciendo que ese edificio se puede hundir en cualquier momento porque está en ruina quién es el que asume el riesgo de que se pueda producir ese hundimiento y que haya gente dentro. No queda otra que derribar el inmueble», agregó Garijo que aclaró que «tampoco podemos realojar a todas las personas que viven allí cuando hay una larga lista de espera para una vivienda social».

Anticipándose a la problemática social que implicaba un posible desahucio de vecinos del edificio, en febrero de 2019 el Ayuntamiento inició los primeros contactos con los inquilinos para conocer sus necesidades habitacionales y realojarlos en otras viviendas de la ciudad. Fue en 2020 cuando comenzaron los procedimientos de realojo que culminaron en diciembre de 2023. Para ello, Urvial adquirió 23 viviendas por toda la ciudad. El problema, tal y como apuntó Garijo es que, mientras se producía el desalojo de esas viviendas, se han ido ocupando ilegalmente, pese a estar tabicadas».

El concejal responsable del área de Urbanismo recordó que en enero de 2022 la Gerencia de Urbanismo emitió una resolución instando a realizar un contrato menor para que una empresa externa se encargara de hacer un estudio estructural del edificio, que concluye  diciendo que el edificio está en ruina. En base a este informe en octubre de ese año se derriba una parte de ese edificio cuyos propietarios ya habían sido realojados previamente. 

Es en octubre de 2022 cuando la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de optar por la demolición del complejo de viviendas y dar traslado de la decisión y de los informes técnicos a todos los propietarios residentes en el mismo.

«Desde el primer momento los propietarios legales del edificio son conocedores de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento», destacó el concejal de Urbanismo, que agregó que en enero de 2023 la comunidad de propietarios del inmueble decidió por mayoría absoluta del 89,69% la demolición del edificio; en una reunión posterior, a finales de ese mismo mes, los vecinos acordaron por el 98,64% de los asistentes, que el expediente de demolición y ejecución de las obras lo llevara a cabo el Ayuntamiento».