Las crisis no pasan y se olvidan, dejan una estela que penaliza a quienes menos recursos tienen. Los colectivos más desfavorecidos, y cada vez más las personas trabajadoras que no llegan a fin de mes, y que  hace un par de décadas podían disfrutar de una aceptable vida de clase media, se ven abocados a echar mano de prestaciones sociales y de ayudas económicas para hacer frente al pago de recibos o alquileres. Este grupo en riesgo de exclusión social aglutina, de hecho, seis de cada 10 asistencias ofrecidas por parte del Programa de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana.  

En su Memoria correspondiente a 2023 se recoge que, de los 1.964 asuntos atendidos a lo largo del año pasado, 1.141 de ellos se realizaron con personas en proceso de exclusión social, esto es, el 58%. Y, dentro de este amplio eje de actuación -el principal de entre los que se desglosa la acción del Programa-, las actuaciones civiles, con 290 casos, fueron mayoritarias. 

«Los temas civiles, donde vemos que la situación está más desbordada, sobre todo por el riesgo de  desalojos de viviendas por impagos de renta y de los embargos civiles por no poder pagar deudas. Es lo que más se ha incrementado en los últimos años». Lo plantea José Sánchez Sánchez, abogado y responsable del Servicio de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana.

Crisis y más crisis. Éste expone que la debilidad y la vulnerabilidad se recrudecen en situaciones de crisis. La recesión de 2008, la pandemia derivada del Covid-19 y, más recientemente, la guerra de Ucrania y sus repercusiones en el repunte de los precios se han demostrado como penalizadores de aquellos que menos protección económica y social disfrutan.

Junto a los asuntos civiles, el asesoramiento en materia penal y la información y apoyo en la tramitación de prestaciones, principalmente para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) concentraron la mayor parte del trabajo de este Servicio con las personas en proceso de exclusión social.

Asuntos que no se focalizaron en exclusiva a los barrios de La Estrella y La Milagrosa (el Servicio se ofrece desde el centro sociocultural del Buen Suceso), sino que cada vez hay más usuarios del resto de la ciudad. «No es que atendamos a   menos vecinos de estos dos barrios -explica José Sánchez-, de hecho, esta población atendida se mantiene, pero ha aumentado la demanda desde otros barrios que antes no la requerían». Las sucesivas crisis, concentradas en la última década y media, han hecho que «hayan tenido que acudir a este servicio personas que no pensábamos nunca que fuéramos a trabajar con ellas».

Los barrios de La Estrella y La Milagrosa tienen un gran porcentaje de situación de vulnerabilidad, «pero también perfiles muy parecidos existen también en el barrio del Ensanche, El Pilar, San Pedro Mortero, San Pablo», afirma. «Se han incorporado a nuestro ámbito de actuación trabajadores 'pobres', cuando antes sólo teníamos actuaciones en esos barrios por situaciones puntuales por drogas o por algún asunto penal».

Otros cometidos. La labor con la población en proceso de exclusión social es el eje que concentra más actividad del Servicio de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana, pero durante el 2023 actuaron también en sus otros ejes de acción fundamentales: la Asistencia Jurídica Penitenciaria y la Mediación Penal. 

La población reclusa es la beneficiaria del segundo con más asuntos tramitados el pasado año, 679.  A través del programa de Cáritas se ofrece a internos e internas de La Torrecica asesoramiento jurídico «para el pleno ejercicio del derecho de defensa», comenta Sánchez.

(Más información en edición impresa)