España intenta dar pasos para normalizar las relaciones con Marruecos, tres meses después de que el reino alauita impulsara el asalto a la frontera de Ceuta por miles de inmigrantes. El último episodio de esta crisis diplomática es el supuesto acuerdo con el Gobierno de aquel país para la devolución de algunos de los más de 900 que entraron en mayo y que permanecen aún en la Ciudad Autónoma. Este proceso de devolución se produce entre fuertes críticas del Defensor del Pueblo y organizaciones humanitarias, con enormes dudas sobre su legalidad (un juzgado de Ceuta ha paralizado la repatriación de 15 de estos menores) y, como ya es costumbre en este Ejecutivo, entre reproches de una parte del Consejo de Ministros a la que o no se le informa (lo que evidencia su concepto de unidad) o no quieren enterarse (lo que indica cómo entienden algunos la lealtad).
Tres días ha tardado el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, en dar alguna explicación sobre lo sucedido. Según explicó ayer, se han devuelto a Marruecos a un total de 45 niños respetando el marco legal existente, dado que se estudia ‘pormenorizadamente’ cada caso y, al parecer, los propios menores están de acuerdo con regresar a su país. Un juzgado de Ceuta no lo debe ver tan claro y no es cuestión de dudar de la palabra del ministro pero, según señalan los expertos, en los expedientes faltan, precisamente, la manifestación de la voluntad del menor y el informe de la Fiscalía, que es la institución del Estado que debe velar por el bien supremo del menor en cada decisión que tome la administración. Ambas omisiones son llamativas en un Gobierno que, desde su toma de posesión, se ha caracterizado por elevar el listón del reproche en términos de moralidad pública contra cualquiera que lo critique.
Además, llama la atención que, si el proceso es tan regular, se haya tardado hasta tres días en dar una explicación. En términos generales, el departamento de Marlaska ha hecho gala de una falta de transparencia incompatible no sólo con los estándares de una democracia de calidad sino con el más mínimo respeto a los derechos de los ciudadanos. Y no sólo en esta cuestión. Basta con recordar el ejemplo de la reagrupación de presos etarras sin arrepentimiento. Este ocultismo se une a la ya de por sí opaca política con Marruecos en la que, parece, el Gobierno ha optado por poner paños calientes a las continuas provocaciones del vecino del sur.
En una sociedad democrática, los ciudadanos se merecen explicaciones en ambos asuntos y el Parlamento tiene los instrumentos necesarios para que se produzcan. Si ha habido negligencia o, lo que es peor, falsedad, la asunción de responsabilidades es único camino que queda en democracia.