El Gobierno central ha presentado a las comunidades autónomas cuál será la metodología que utilizará para condonar la deuda de las regiones con el Estado y que se debatirá mañana dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De esta manera, Hacienda asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas
En el reparto de la quita, el Gobierno perdonará a Castilla-La Mancha un total de 4.927 millones. Esta condonación por parte del Ejecutivo supondrá un 30 por ciento de la deuda total de la Junta con Hacienda y que se disparó sobre todo a raíz de la crisis financiera cuando, ante las dificultades de acceder a los mercados financieros, el Estado habilitó para las comunidades el mecanismo del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, que, en definitiva, suponía préstamos en mejores condiciones que los que ofrecía la banca.
El cálculo de la quita por parte del Estado se ha hecho en tres fases. En la primera de ellas, el grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. Tras el cálculo, Castilla-La Mancha recibirá 2.952 millones de euros para una población de 2.156.720 ciudadanos.
El segundo de los criterios es un añadido extra para aquellas comunidades autónomas que se quedan por debajo de la media de condonación por población ajustada, con el objetivo de «garantizar que al menos tengan un 19,3 por ciento» de la quita, asegura en nota de prensa el Ministerio de Hacienda. En este caso, Castilla-La Mancha añade 170 millones de condonación porque se sitúa por debajo de la media, y así se equipararía.
La tercera fase se refiere a una cuantía para aquellas comunidades autónomas que han estado infrafinanciadas durante el periodo 2010-2022 con el actual sistema, además de compensar adicionalmente a las regiones que «hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF», explican desde Hacienda. Castilla-La Mancha conseguirá por este motivo que la quita sume 1.804 millones, tratando de llegar a una «financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media».
Los ajustes de estas tres fases tienen la finalidad de intentar compensar e igualar a las comunidades autónomas en dos ratios «que son susceptibles de generar comparaciones», como son el de deuda condonada sobre el total y la deuda condonada por habitante.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la prioridad de la propuesta es «corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera».
La ministra de Hacienda explicó que la propuesta «cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC» y logrará que las autonomías «liberen recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos».