En un contexto en el que parece muy lejana la recuperación de las cifras previas a la pandemia, el sector de los concesionarios de vehículos reclama políticas de impulso a los vehículos eléctricos que motiven a los clientes para dar el paso a una transición que no termina de concretarse. Así se puso de manifiesto en el congreso anual de la patronal Faconauto, cuya presidenta, Marta Blázquez abogó por cuatro ejes principales de actuación: «precios más asequibles, con el cobro de las ayudas al eléctrico en el momento de la compra; un mapa unificado de puntos de recarga; políticas fiscales incentivadoras; y que los mensajes que se lancen alrededor del uso privado del automóvil sean constructivos y no destructivos».

En una línea similar explicaba las demandas del sector el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Concesionarios de Automóviles (Apreca), Carlos Ortega, que resumía la situación señalando que «estamos en un momento complicado, en el que ya tenemos los coches, pero los clientes no pueden adquirirlos por diferentes problemas y porque hay mucha incertidumbre». «Lo peor que nos puede ocurrir es esa incertidumbre, porque el cliente no compra o pospone la compra», añadía.

En ese sentido, detallando la situación que atraviesa la transición hacia los nuevos motores, Ortega explicó que «las marcas ya han hecho las inversiones, porque el desarrollo de un coche es un proyecto a largo plazo, en previsión de que la electrificación iba a avanzar más rápido según se les hizo ver desde las administraciones, y ahora se encuentran con una situación totalmente distinta». «Va más lento en todos los países y aún más en España, con ayudas que tardan en llegar si es que llegan e infraestructuras escasas que tampoco se agilizan, porque por ejemplo la licencia para instalar supercargadores de 150 kilovatios se puede alargar hasta dos años», proseguía.

En ese contexto, al que se unen unos precios elevados que aumentan las dudas del consumidor, el presidente de Apreca considera que «la única solución es una ayuda directa a la compra para abaratar esos vehículos, ya sea vía rebaja de IVA o subvención o con planes como el PIVE que funcionaron muy bien, porque ahora todos los trámites burocráticos son muy tediosos». «Están tardando año y medio en cobrar la ayuda quienes consiguen cobrarla», remarcaba Ortega, añadiendo sobre el coste actual de los vehículos electrificados que «es una tecnología nueva en la que la inversión no se va a comenzar a amortizar hasta que no se venda, al final esto son economías de escala en las que cuantas más unidades se vendan, más irán bajando los precios».

Además, y como ya señaló anteriormente a La Tribuna, otra de las preocupaciones para los vendedores es el retraso y falta de definición de las ciudades en fijar las normas de sus zonas de bajas emisiones, espacios con restricciones a los vehículos más contaminantes que han de fijar obligatoriamente y para las que ya se están superando los plazos legales. «Tienen que definir en qué espacios se van a implantar y con qué reglas, porque necesitamos saber qué restricciones va a haber para pensar en adquirir un coche u otro. Nosotros no podemos asesorar a los clientes si no sabemos qué medidas se van a tomar en la zona donde residen», afirmó.

Por otro lado, preguntado por el balance de un 2023 en el que las cifras oficiales apuntaban a un aumento del seis por ciento de las matriculaciones en la provincia, Ortega señaló que esa estadística no coincide con lo que se vive en el día a día del sector. También cabe recordar que parte de esa subida puede atribuirse al alto volumen de ventas que los informes atribuyeron a Albacete en los primeros meses del pasado año y que, según se apuntó desde el sector, correspondían mayoritariamente a vehículos de dos marcas que constan como matriculados en la provincia, pero pudieron derivarse a flotas de alquiler en otros lugares.

«Los números no coinciden porque esas son cifras totales en las que se meten los vehículos vendidos a particulares, empresas y alquiladores.#En el sector de turismos llevábamos años de bajadas tras la pandemia, en los que faltaban coches por los problemas de producción, especialmente para los alquiladores y eso ha hecho que las cifras totales de matriculaciones vayan subiendo ahora», explicó al respecto el presidente de Apreca.

«En el sector particular, que es el principal negocio de nuestra provincia, el negocio no está remontando y los clientes se están yendo a vehículos de ocasión porque, ante la incertidumbre, los precios elevados y los intereses altos, buscan un valor refugio», añadía Ortega quien, sobre esa opción de la segunda mano, incidió en que «la gente tiene la misma necesidad de movilidad que antes o incluso más, porque las cifras hablan de que seguimos viajando y el turismo está en auge. Si se les rompe el vehículo, optan por arreglarlo con reparaciones que hace años no se planteaban por el coste y que ahora sí compensan, o buscan un vehículo de ocasión, que ahora mismo suponen una compra completamente lógica porque son coches con tres o cuatro años, con un coste menor y que pueden aguantar el paso del tiempo».

«Tener los vehículos y no venderlos es un problema que, más allá del perjuicio económico para los concesionarios, puede hacerse mayor en las fábricas con la posibilidad de que haya parones de producción y expedientes de regulación de empleo por exceso de producto. Si hay determinados modelos que las multinacionales asignan a fábricas españolas y aquí no se venden, eso se va a traducir en paro», concluyó el representante   de los concesionarios sobra la encrucijada en que se encuentran los actores implicados en el sector de la automoción.