La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario fue uno de los empeños del ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la pasada legislatura, pero la convocatoria adelantada de elecciones en 2023 obligó a empezar el proceso de cero en el nuevo Parlamento. La labor concluía la semana pasada, cuando el Congreso aprobaba definitivamente la norma. Pero el texto final ha incluido algunas enmiendas inesperadas, aunque muy bien acogidas por el sector agrario.
Pero comenzando con la propia ley, tiene como objetivo prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, con una jerarquía de prioridades de solución. También pretende promover la economía circular, sensibilizar a los agentes de producción, transformación, distribución, hostelería, restauración y ciudadanía. Dirige el foco a la producción, a la venta minorista, a restaurantes y servicios de comidas, así como a los hogares. El fin es rebajar un 50% los residuos de alimentos per cápita en la venta minorista y del consumo, y un 20% «las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030».
Para ello, el proyecto establece una «jerarquía de prioridades de actuación»: en primer lugar la prevención mediante la donación de alimentos o su transformación; y en segundo lugar se procederá al reciclado para la producción de compost. Por otro lado, el texto fija como «buenas prácticas» de estos agentes «disponer de infraestructuras adecuadas» para favorecer que se minimicen las pérdidas y el desperdicio, incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima y promover el consumo de los productos de temporada y proximidad. También se señalan como buenas prácticas la divulgación relativa a una mejor planificación de los menús, la compra sostenible, la cocina de reaprovechamiento, la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente y el reciclaje.
Una ley sin desperdicio - Foto: Alberto RodrigoPlanas ha asegurado que la norma es pionera a nivel europeo e inspirará la propuesta que la Comisión Europea (CE) haga en materia de residuos alimentarios. Además ha destacado su relevancia «para concienciar a todos los ciudadanos» de un problema que lleva al «despilfarro de algo más de 1.200 millones de kilos» de alimentos al año. De ahí que reducir esas cantidades sea tremendamente importante en los eslabones de la cadena, en «la producción primaria pero también, y sobre todo, en la industria y en la distribución». Además, lo ve necesario porque esa reducción lleva aparejados beneficios económicos y ambientales, pero también éticos y morales.
La ley permitirá que el Ministerio de Agricultura elabore unos planes anuales de reducción del desperdicio, según ha especificado el ministro, quien también ha defendido establecer convenios con la cadena agroalimentaria, incluida la restauración, para luchar contra ese fenómeno. Para Planas, «el alimento más caro es el que acaba en la basura», uno de los argumentos con los que trabaja la campaña del Ministerio 'Aquí no se tira nada' porque, según el ministro, se trata de «aprovecharlo todo».
Enmiendas.
La nueva ley llevaba «mochila»: con ella también se ha dado el visto bueno a algunas enmiendas que han sido muy bien acogidas por el sector primario. Sin duda, la más destacada de ellas es la que afecta al lobo, que podrá cazarse de nuevo gracias a una polémica enmienda del PP (apoyada por Vox, PNV y Junts) que fue incorporada al texto en el trámite previo en el Senado para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en el caso de las poblaciones de la zona norte del Duero.
ASAJA ha valorado de forma positiva la decisión adoptada por el Congreso respecto a la exclusión del lobo del LESRPE al norte del Duero. Esta medida, aseguran, devuelve a las comunidades autónomas la capacidad para gestionar adecuadamente las poblaciones de lobos según sus realidades territoriales específicas, algo que no podían hacer desde septiembre de 2021. La organización agradece a los diputados que han votado a favor de esta iniciativa y expresa su crítica hacia aquellos grupos políticos que han preferido mantener la protección estricta del lobo, ignorando las demandas del sector ganadero y las dificultades económicas y sociales que genera.
No obstante, ASAJA subraya que sigue pendiente la solución al sur del Duero, donde el lobo continúa incluido en el listado debido a restricciones europeas. En este sentido, la organización agraria insiste en que es imprescindible modificar la Directiva Hábitats europea para que el lobo pase de ser considerado una especie «estrictamente protegida» a únicamente «protegida». Desde ASAJA se señala que continúan trabajando activamente en Europa para lograr este cambio normativo.
Por su parte, COAG también ha mostrado su satisfacción por la exclusión del lobo del LESRPE. «Esta decisión responde a una de las principales reivindicaciones de COAG durante los intensos procesos de movilizaciones llevados a cabo a lo largo de los últimos años. La decisión tomada en 2021 por la exvicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se produjo con la oposición de todo el sector agrario y sin escuchar a los ganaderos, principales afectados por la medida», ha lamentado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
Tanto es así, que en los últimos tres años los ataques de lobos a ganado han aumentado un 40%. Sólo en Castilla y León han sido 8.386 las veces que las granjas han sido asaltadas por lobos, mientras que el número de reses devoradas en el mismo periodo se ha elevado a 13.091. «Es necesario un control poblacional del lobo para que la compatibilización con la ganadería extensiva sea posible», ha subrayado Padilla.
Unión de Uniones no ha sido menos y también se ha congratulado de la aprobación de los cambios en cuanto a la regulación de la gestión del lobo, que permitirá un mejor control de la sobrepoblación de este depredador y la protección más eficaz de los ganaderos frente a los ataques.
UPA también ha aplaudido la medida, que los ganaderos vienen reclamando desde que se tomó la decisión de establecer el máximo nivel de protección a este cánido que está en expansión en nuestro país y causa graves daños a la ganadería, especialmente a la extensiva, aseguran desde la organización. «Se demuestra que las decisiones tomadas de espaldas al sector, como lo fue la protección máxima del lobo, terminan sin tener futuro», argumentan. «España debe hacer compatible la presencia de todas las especies con el desarrollo de actividades como es la ganadería, que supone un puntal de la cultura, la sociedad y la economía rural. La protección total nunca fue la solución», recalcan.
Más novedades.
Pero la exclusión del lobo del LESRPE no es la única novedad que ha salido del Congreso. También se ha aprobado una «enmienda clave», según ASAJA, que permite a agricultores y ganaderos realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas, dotando así al sector de una herramienta fundamental para adaptarse con seguridad jurídica a las circunstancias cambiantes propias del campo. Hasta la fecha no se contemplaba ni la temporalidad y ni la estacionalidad del sector agrario.
Según esta organización, la medida, impulsada también por el Partido Popular en el Senado da respuesta directa a las demandas planteadas desde la aprobación de la reforma laboral, que había dejado al sector agrario en una situación especialmente compleja respecto a la contratación temporal. Unión de Uniones también se ha felicitado por la flexibilización del uso de contratos temporales para campañas agrícolas.
Además, la ley incluye otro logro histórico para el sector al incorporar mejoras en materia energética largamente reivindicadas. Ahora, los titulares de explotaciones agrarias ya sean autónomos, empresas, cooperativas agrarias o comunidades de regantes, podrán disponer de dos potencias eléctricas diferentes durante un periodo de doce meses. Esta flexibilidad permitirá ajustar los costes energéticos a las necesidades reales de cada explotación, facilitando la gestión mediante una simple comunicación telemática o telefónica con el suministrador eléctrico. Esta medida contribuye significativamente a la reducción de costes y aporta mayor flexibilidad operativa al sector.
Asimismo, el pleno del Congreso ha aprobado la ley de representatividad agraria. La nueva norma recupera los contenidos de la ley de 2009, que tenía el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados y las organizaciones agrarias más representativas, situando en el centro a los agricultores y ganaderos profesionales, cotizantes del SETA y RETA. De esta manera, para medir la representatividad en el campo a nivel nacional se tendrán en cuenta los resultados de las elecciones agrarias celebradas en las comunidades autónomas, sumando la propia situación de las organizaciones agrarias en aquellas regiones que no hayan celebrado procesos electorales.
Unión de Uniones destaca que este procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias es más democrático porque tiene en cuenta las elecciones agrarias autonómicas celebradas y que puedan celebrarse en el futuro; y más objetivo y abierto porque permitirá acceder al marco de interlocución institucional a cualquier organización que acredite unos mínimos de presencia e implantación en el sector mediante criterios cuantificables. En la práctica, la norma supone que esta organización podrá sentarse a la mesa con el Ministerio, ASAJA, UPA y COAG.
LA AICA seguirá sin ser estatal.
Entre el batiburrillo de normas aprobadas a cuenta de la Ley de Desperdicio, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha destacado una que se ha quedado en el tintero, concretamente la conversión de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en agencia estatal, lo que la dotaría de más recursos y mayor capacidad para ayudar a agricultores y ganaderos a obtener precios justos. UPA ha calificado de «lamentable» que se culmine el rechazo de PP, Vox, Junts y PNV a esta medida, que se produjo en el primer paso por el Congreso de esta Ley. La organización agraria comprometió esta decisión en su acuerdo de 43 medidas con el Gobierno firmado el pasado abril y va en la línea marcada por la Comisión Europea de reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. «¿Cuáles son los motivos de este rechazo?», se preguntan, «máxime cuando estos partidos se presentan a sí mismos como los más cercanos al campo español», han señalado. «El clamor de los precios justos debe concretarse en cambios normativos. Y la creación de la Agencia Estatal es para nosotros irrenunciable», han señalado desde UPA. «Reclamaremos que el Gobierno no renuncie a la creación de esta agencia y busque vías para sacarlo adelante».