Hay poca seguridad al respecto, pero para el 15 de julio está prevista la entrada en vigor de la encomienda del los servicios del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles de España, una decisión del Gobierno que ha generado polémica por cuanto, según denuncian los contrarios a la medida, supone la «privatización» del registro y encarecer el servicio.

En Albacete, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) recogía ayer la denuncia de funcionarios del Registro Civil en la ciudad por cuanto el cambio de titularidad está trayendo ya molestias a los ciudadanos. Así, indicaron que hasta el 10 de julio se han completado las citas para expedientes de matrimonio, y a partir de ese día se ha suspendido la citación: «Están a la espera de saber la fecha para casarse 35 expedientes a día de hoy», y la cifra de parejas que no tienen fecha «sigue aumentando, con las consiguientes quejas de los ciudadanos que no saben cuándo pueden contraer matrimonio», informó María del Carmen García, delegada sindical de STAJ. García indicó que según la denuncia de los funcionarios «también se han suspendido las fechas para expedientes de nacionalidad», y no se dan nuevas fechas porque «la agenda está completa hasta el 9 de julio».

María del Carmen García también se hacía eco de la advertencia de los funcionarios respecto a «la posible suspensión de la gratuidad de servicios», después de que se hayan invertido 130 millones de euros en digitalizar y modernizar instalaciones y bases de datos.

La representante de STAJ también señaló que los representantes de los trabajadores preparan movilizaciones: «Tenemos pendiente que se autorice una gran manifestación en Madrid el 11 de abril, y ya hicimos movilizaciones cuando se anunció la ley que incluye el cambio». García comentó que en todo este tiempo «los sindicatos hemos trabajado mucho contra la privatización del Registro».