El reciente anuncio del Gobierno central sobre la cancelación definitiva del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas podría interpretarse como una victoria significativa para las organizaciones ecologistas, partidos políticos y ciudadanos que han luchado durante años contra la instalación de un cementerio nuclear en la provincia de Cuenca. Sin embargo, al examinar más de cerca la situación, emerge una realidad mucho más compleja y preocupante, particularmente para la provincia de Albacete. Esta supuesta victoria, lejos de ser un triunfo sin consecuencias, es más bien una victoria pírrica que expone a la región a nuevos riesgos y desafíos.

La decisión de no construir el ATC en Villar de Cañas ha sido celebrada con alborozo, pero la letra pequeña de este desenlace es inquietante. Los residuos nucleares, que deben almacenarse en algún lugar, no desaparecen con la cancelación del proyecto original; simplemente se redistribuyen. Y, en este caso, se redistribuyen más cerca de la provincia de Albacete. El nuevo destino de estos residuos es un Almacén Temporal Descentralizado (ATD) que se ubicará en la central nuclear de Cofrentes, a tan solo 86 kilómetros de la ciudad de Albacete y a distancias aún más cortas de varios municipios albacetenses, como Balsa de Ves, Villa de Ves y Carcelén.

Este cambio de ubicación plantea preguntas urgentes y preocupaciones legítimas. Si bien el impacto ambiental del nuevo ATD ha sido sometido a un análisis, este estudio se ha limitado a los efectos en el medio natural durante la construcción de la obra civil, dejando fuera un aspecto crucial: los impactos radiológicos y la seguridad nuclear. La seguridad de los ciudadanos y del entorno no puede ser un tema secundario, especialmente cuando se trata de residuos nucleares. La responsabilidad de evaluar estos riesgos recae en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero la falta de un análisis integral en el proceso inicial de planificación es motivo de alarma.

Además, sorprende y desconcierta que, a pesar de la proximidad del ATD a varios municipios de la provincia de Albacete, no haya constancia de que se hayan presentado alegaciones por parte de las autoridades locales de esta región. Esto revela una preocupante falta de participación y de transparencia en un proceso que afecta directamente a la seguridad y bienestar de los habitantes de la provincia. Las instituciones de Albacete, desde la Diputación Provincial hasta los ayuntamientos de los municipios más cercanos al futuro ATD, deberían haber sido más proactivas en la defensa de los intereses de sus ciudadanos.

La provincia de Albacete, y en particular los municipios cercanos a Cofrentes, merecen una atención y un análisis exhaustivos que aseguren su seguridad y bienestar.