El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expuesto los motivos que le llevan a recurrir al Tribunal Constitucional el reparto del impuesto a la banca. En una rueda de prensa posterior a la aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario de tramitar dicho recurso, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido para dar cuenta de dicho trámite en los tribunales.
Ruiz Molina ha descrito los tres motivos fundamentales y la argumentación que ha justificado el Consejo Consultivo en su informe para llevar a cabo el recurso al reparto en función del PIB del tributo bancario.
En primer lugar, "se ha aprobado a espaldas de las comunidades autónomas". El consejero de Hacienda entiende que este reparto debería haber sido "debatido o dialogado" dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que hubiera "garantizado" que las regiones "hubieran participado" en la política financiera y promovido su "autonomía financiera".
En segundo lugar, la tramitación de la ley "debería haber sido como ley orgánica" y no como ordinaria. Según Ruiz Molina, cuando el criterio de reparto es distinto a los que hay consagrados en la Ley 7/2004 debería haber sido modificada la ley orgánica para establecer ese "nuevo tipo de reparto".
En tercer lugar, se lleva a los tribunales porque "vulnera el principio de solidaridad". "Consideramos también inconstitucional esta ley por el criterio de reparto", ha dicho el consejero, quien ha seguido detallando que este concepto aparece tanto en la Constitución como en la ley de financiación de las comunidades autónomas.
"El Estado no ha actuado como garante de este principio al crear un nuevo criterio de reparto", el cual ha calificado como "insolidario" al repartir "de mejor manera" entre las regiones que tienen "más recursos".
Así, Ruiz Molina ha aclarado que cuando realizan este recurso "no va contra nadie, sino en defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha". Tampoco el Ejecutivo está "en contra del impuesto", solo no comparten el criterio de reparto en función del PIB regional.
A su juicio, el criterio que se debería haber utilizado -porque en la actualidad no hay otro- es el de "la población ajustada". Desde Hacienda calculan que el reparto en función del PIB pueden suponer unos 60 millones de euros, pero con la población ajustada ascenderían hasta los 75 millones. Con todo, justifica que "no es cuanto la cantidad", sino una cuestión de justicia: "Más del 40 por ciento de los recursos se concentrarían en Cataluña y Madrid".