Juan Pedro Delicado, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete (Apeca), analizó las cifras de licitación oficial, a preguntas de La Tribuna, destacando que «se ha incrementado algo, aunque no recuperamos los niveles que teníamos antes de las crisis» y haciendo una especial incidencia en que el aumento de los presupuestos no se ha correspondido, de forma general, con el alza que han experimentado los costes, especialmente materiales, en los dos últimos años.

«Además de que no sale el mismo volumen de licitación, muchas de las que se abren se están quedando desiertas porque no se han actualizado los precios», señalaba al respecto Delicado, añadiendo que «muchos de esos proyectos se hicieron, por ejemplo, en 2021 y sus presupuestos están desfasados, por lo que hemos reclamado varias veces una revisión de precios, pero nos dicen que tienen que ser proyectos muy concretos para aceptarla».

Sobre la cuestión presupuestaria, el presidente de Apeca detallaba que «la Diputación, dentro de un orden, sí ha actualizado algunos proyectos, aunque en algún caso no haya llegado a los precios actuales, pero donde no está haciendo nada al respecto es en la Administración General del Estado, por lo que hay obras que ya se han quedado un par de veces desiertas y está costando un montón adjudicarlas». 

Al respecto, explicó que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) «está pidiendo que, ya que no actualizan el precio de los proyectos, se suba el porcentaje de beneficio industrial que, actualmente está en el 19, hasta un 23 o 24 para que al menos algunos proyectos se puedan hacer, pero todavía no hay nada cerrado».

encomiendas. Por otro lado, cuestionado por la influencia que tiene la contratación pública para las empresas locales, Delicado señaló «hay muchas empresas que no pueden optar a los grandes contratos, pero habitualmente sí que accedían a contratos de obra menor u otros como los de mantenimiento de colegios, pero ahora no sacan prácticamente ninguna obra con presupuestos de entre 50.000 y 200.000 euros, que los ayuntamientos están haciendo cada vez más a través de los planes de empleo o a través de las encomiendas a Tragsa, lo que está perjudicando totalmente a la pequeña y mediana empresa de construcción»

Sobre los encargos a esa sociedad pública, al que las administraciones recurren como medio propio, indicó que se están produciendo en casos de obras que quedan desiertas tras una primera licitación y supusieron algo más de 50 millones de euros en la región.

«El sector se está viendo muy afectado, por esos factores y también por la falta de vivienda de promoción pública, además de por el aumento de los costes que llegó primero y después por el de los tipos de interés, que ha frenado el mercado», añadía.