El Tribunal de Cuentas ha emplazado a los ayuntamientos a que prioricen la concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones sociales, limitando la concesión directa a los casos en los que existan motivos justificables, después de detectar irregularidades.

Lo pide una vez fiscalizadas las ayudas en concepto de acción social concedidas por los ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño, Murcia y Santander durante el año 2021.

El órgano, en un informe recogido por Europa Press, hace hincapié en que la crisis económica derivada de la pandemia "ha desembocado en un incremento notable de las situaciones de especial necesidad en un gran número de ciudadanos, que han de recurrir a las ayudas sociales proporcionadas por los ayuntamientos".

Al respecto, el Tribunal de Cuentas indica que ha habido un incremento de las cuantías destinadas a esa finalidad, ante lo cual es de máxima importancia "la correcta presupuestación y gestión de dichos fondos".

Los datos fiscalizados señalan que de las ayudas otorgadas por esos seis ayuntamientos de más de 100.000 habitantes fue de 20,4 millones de euros en 2021, que se concedieron a más de 13.000 personas en situación de especial vulnerabilidad, además de a 626 organizaciones, instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

El Tribunal de Cuentas precisa que las ayudas sociales ascendieron a 9 millones en el consistorio Murcia; a 3,4 millones en Logroño; a 2,5 millones en Cartagena y Santander, y a 1,4 millones en los de Albacete y Badajoz.

Según indica, el objetivo de esas ayudas era el desarrollo de programas de servicios sociales dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social, como personas mayores, personas con discapacidad, inmigrantes o minorías sociales, entre otros, así como a personas físicas en situación de especial vulnerabilidad.

A excepción del de Albacete, el resto de ayuntamientos fiscalizados recurrieron mayoritariamente a la concesión directa de subvenciones y ayudas, en vez de acudir al procedimiento de concurrencia competitiva, que es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones y en el que se hacen efectivos, entre otros, los principios publicidad, transparencia y concurrencia, destaca el órgano fiscalizador.