La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le ha dicho a Carlos Alsina que se conformaría al menos con una tregua de Estado en el asunto de la vivienda. Desde el abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto no conoce uno tregua de Estado que haya sobrevivido más de algunos pocos años, pero debe ser que la ministra aún no ha perdido la capacidad de sorpresa, algo que resulta gratificante. Una tregua de Estado es el reconocimiento de una guerra donde los actores más débiles terminan perdiendo, como ocurre en todos los conflictos. El otro día también Alsina le preguntó a Feijoo qué cosas hacían sus comunidades para diferenciarse de las socialistas y facilitar el acceso a la vivienda. Tampoco supo por dónde salir el gallego, cuyo plan parece similar al de Castilla-La Mancha, según el consejero Nacho Hernando. La cuestión es que la tregua de Estado no llega y los precios siguen subiendo. Que no se líe la ministra, que lo único que puede hacer que la vivienda baje o se estabilice es el aumento de la oferta.
Y ahí pocas treguas son posibles. Porque la fórmula socialdemócrata de la intervención está vista que no funciona en este ámbito. Podemos discutir sus reglas en educación, sanidad y servicios sociales, sin duda. Pero en materia de libre mercado, y el de la vivienda lo es o al menos debiera serlo, todo lo que sea meter mano, sacude la cuna. La única forma de suavizar el precio donde se cruzan demanda y oferta es bajar la primera o subir la segunda. Como no disminuirá la necesidad de vivienda sino todo lo contrario, la posibilidad efectiva es aumentar la oferta. Y eso se consigue liberalizando suelo y dando facilidades al propietario para que alquile, no metiéndole un okupa en casa con más derechos que nadie. Por eso el alquiler es una ruina y da síntomas de bolivarianización. Así que vamos a dejarnos de treguas y pensar mejor las cosas. 
Si yugulamos el mercado del alquiler en España, estamos quitando las ganas e iniciativas al profesional liberal que tiene que cambiar cada cierto tiempo de localidad para desarrollar su trabajo. Normal que luego los chavales quieran ser funcionarios. Pero lo que no tiene lógica ninguna, habiendo tanto suelo como existe en España, es que no se ponga más a disposición de los constructores. Y, por supuesto, que nadie arguya la falacia de la burbuja. Esta se produce cuando la calificación del suelo es distinta y para cambiarla, todo el mundo pone el cazo. Si de manera universal se declarase todo el suelo urbanizable, salvo las zonas especialmente protegidas por su valor paisajístico, natural, cultural o patrimonial, no habría ni burbuja ni pompas de jabón. Lo que ocurre es que entonces el control público sería mínimo y no cobraría su tajada. Por tanto, ministra, las fórmulas están inventadas. Sólo que al lado de según qué compañías como las del Gobierno de Sánchez, son imposibles de aplicar. Tregua, nuestra paciencia.