Entre los profesionales del campo hay tres grupos: los trabajadores agrícolas, 10.000 en Albacete entre fijos y temporeros; los propietarios de grandes explotaciones, que son tanto personas físicas como jurídicas, y luego están los del medio. La clase media del campo en Albacete está formada por autónomos. Rondan los 9.000, la mayoría trabaja sus propias tierras, no tiene empleados fijos a su cargo y casi todos los contratos de trabajo que hacen son de temporada. Esta clase media agraria es la que se ha lanzado a bloquear carreteras, accesos y autovías. Están furiosos, decepcionados y desesperados. Pero su rabia viene de lejos, es un caldo de cultivo que se cuece a fuego muy lento desde hace casi 30 años. Estos pequeños propietarios agrícolas viven de lo que obtienen de la venta de sus cosechas y las ayudas de la PAC. Para aguantar el resto del año, piden un préstamo al banco, que cubren con los beneficios que da la tierra. Cuando los da. Cuando no los da, si pueden, cubren parte de las pérdidas con el seguro. Si al año siguiente la cosecha es buena, cubren el resto. Si es mala, toca renegociar con el banco. Si hay varios años malos seguidos, los préstamos se acumulan.

Las seis reformas 

En 1985, cuando España ingresa en Europa, la PAC era muy sencilla para estos medianos agricultores y ganaderos. Las ayudas se daban a la producción y había una serie de mecanismos que garantizaban un precio mínimo a los productores.  Esta primera PAC fue tan efectiva que a comienzos de los 90 Europa no sabía qué hacer con los excedentes agrarios. Por eso, desde Bruselas se diseñaron hasta seis reformas que en España aplicaron tanto gobiernos del PSOE como del PP.  En 1992, con Felipe González, las ayudas a la producción se convirtieron en ayudas a la superficie o primas por cabeza de ganado; en 1997, ya con Aznar, llegó la obligación de aplicar ciertas prácticas para proteger el medio ambiente En 2003, también con el PP, las ayudas se desvincularon de la producción y se convirtieron en un pago único que se calculaba conforme a unos derechos, basados en lo que se producía durante un período de referencia establecido.

Con Zapatero, el 'chequeo' de 2008 acabó de 'flexibilizar' los mecanismos de regulación del mercado para abrir el sector agrario a los mercados mundiales. En 2013, con Rajoy, se crea el pago verde, una ayuda específica a las prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Un duro ajuste

Desde el punto de vista de las grandes cifras económicas, estas reformas fueron un gran éxito, pues  gracias a ellas el sector agropecuario se volvió muy competitivo. Pero desde un punto de vista social, provocaron un duro ajuste.  Los datos del Ministerio de Agricultura indican que en Castilla-La Mancha y en 1992, año de la primera reforma de la PAC, la Renta Agraria ascendía a 1.300 millones de euros. En 2019, el año anterior a la pandemia, ya era de 2.900 millones de euros, más del doble. 

También despegaron las exportaciones. Según Aduanas, en 1995, la región exportaba alimentos y bebidas por valor de 223 millones de euros. En 2020, esta cifra se había disparado hasta los 2.646 millones de euros, casi un 1.200% más.  Pero hay otros datos que no son tan bonitos. De acuerdo al Censo Agrario, en 1999 la provincia de Albacete tenía casi 33.000 explotaciones. En 2020, la cifra era de poco más de 20.000. Esto es, unas 13.000 explotaciones se habían quedado por el camino, casi el 40%.

Lo curioso es que entre 1999 y 2020, la Superficie Agraria Utilizada (SAU) pasó de unas 850.000 a unas 820.000 hectáreas, una bajada de sólo un 3,5%. ¿Qué había pasado? Que el campo en Albacete se concentró en cada vez menos explotaciones, como en toda España.

La cara y la cruz

Al término de este período, casi el 70% de la SAU en la provincia, unas 554.000 hectáreas, correspondía a explotaciones de más de 100. Entre las mayores, se encuentran algunas de las fincas mejor gestionadas y más productivas de todo el país.

Estas fincas son las grandes ganadoras de la PAC. Hagamos memoria: en 1992, las ayudas se vincularon a la superficie; en 2003, la reforma Fischler creó un sistema de pagos que se calculaban a partir de derechos vinculados a la tierra. El resultado de estas medidas se ve en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que publica cada año el listado de beneficiarios, una relación cuyos datos reflejan la existencia de un desequilibrio que favorece a los grandes, a los de mayor tamaño.

En 2008, el año del 'chequeo' de la PAC, casi 23.000 beneficiarios se repartieron 181 millones de euros en ayudas en la provincia. En 2021, fueron 17.000 y recibieron casi 180 millones. Parece mucho, pero no lo es porque la media de los pagos sólo ronda los 11.000 euros al año.

Además, las medias engañan. Ese mismo año, el mayor beneficiario recibió cuatro millones de euros; el que menos, tuvo una liquidación negativa de casi 29.000. La inmensa mayoría de los beneficiarios en Albacete cobra menos, o mucho menos, de la media. 

Crisis de precios

Si las cosas no fueron bien con las ayudas de la PACpara los pequeños y medianos agricultores, con su otra fuente de ingresos, esto es, los beneficios que obtienen por lo que producen, las cosas tampoco han ido mucho mejor. De acuerdo a los índices de precios agrarios que elabora el Ministerio de Agricultura, en los seis años anteriores a la pandemia, casi todos los precios percibidos por los agricultores y ganaderos experimentaron bajadas.

Por citar algunos ejemplos de cultivos significativos para nuestra provincia, entre 2015 y 2020 la cotización promedio del trigo en España pasó de 197,7 a 193,9 euros por tonelada y la cebada pasó de 174,1 a 161,2; la de la uva de almazara, de 551,9 a 422,6 euros. Las cebollas pasaron de 265,4 euros la tonelada a 422,6; las almendras, de 188,04 los 100 kilos a 105,45. A los productos ganaderos tampoco les fue mejor, pues la cotización de leche de oveja pasó en España de los 97,59 euros cada 100 litros a los 89,33.

Mundos separados

El resultado final de este proceso fue que, justo antes de la pandemia, había no uno, sino dos sectores agrícolas en nuestro país. El primero, fuerte y abierto al mundo; el segundo, cada vez más débil y con serios problemas para mantener el ritmo. En 2023, el Ministerio de Agricultura hizo el 'retrato robot' de ambos sectores, a partir del Censo Agrario del 2020. Los datos son nacionales, pero muestran hasta qué punto son mundos muy separados.

Hace cinco años, el 23% de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) de España ya estaba en manos de personas jurídicas, esto es, de sociedades, que sin embargo sólo eran el siete por ciento los titulares.

Aún más, el 1,5% de las explotaciones, todas con valores estándar de producción por encima de los 500.000 euros, ya suponían casi el 40% de la agricultura nacional.

Por contra, el 70% de las explotaciones agrarias tenía menos de 15 hectáreas de superficie y una dimensión económica inferior a los 25.000 euros anuales.

En estas explotaciones, la mayor parte de sus titulares tiene más de 65 años (el 41% de todas las existentes). De hecho, a menor tamaño, mayor es la edad. Y la brecha entre ambos mundos se ensanchó aún más a partir de 2020, cuando llegó la pandemia.