El caso de los ERE de Andalucía vuelve a generar una nueva polémica que sitúa al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, en el centro de la misma. El jurista ha abierto el debate sobre la posibilidad de impedir que la Audiencia de Sevilla pueda elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea, para lo cual previsiblemente se pedirá un informe al respecto a los letrados de la institución.

La sala cuestiona que el amparo concedido por el Constitucional a condenados del proceso como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán sea del todo compatible con el derecho de la Unión Europea, y ha pedido opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los propios jueces.

Fuentes jurídicas informan de que Conde-Pumpido consultó el pasado lunes por privado a varios magistrados y luego a la Sala Primera sobre si un tribunal ordinario puede acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para tratar de esquivar las resoluciones del Constitucional.

El presidente del TC les habló de un caso relacionado con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero enseguida introdujo el que acontece a los ERE y el asunto llegó también a los magistrados de la Sala Segunda.

Según las fuentes consultadas, el jurista manifestó su intención de pedir un informe a los letrados de la corte de garantías para que se pronuncien sobre la viabilidad de que jueces españoles puedan plantear una cuestión prejudicial por resoluciones del TC.

El asunto fue discutido en el Pleno y, tras escuchar las opiniones de los magistrados, se ha acordado pedir copia de las providencias al TSJM y a la Audiencia de Sevilla para ya después, previsiblemente, pedir el informe a los letrados, añadieron las fuentes.

En una reciente providencia, la Audiencia de Sevilla plantea dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de la resolución del Constitucional.

Concretamente, pide la opinión de las partes sobre si la corte de garantías se ha «extralimitado» en la función de control que le corresponde, «invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales» al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo.