Con la elección de la magistrada Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para la designación de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, se puso fin a cinco años de bloqueo propiciado por el partido conservador que había designado a la mayoría de los vocales conservadores del CGPJ saliente. Que se desbloqueara la elección del nuevo CGPJ y su presidenta ante la proximidad de la apertura de un nuevo Año Judicial no quiere decir que hayan acabado las pulsiones de cada uno de los dos grupos simétricos que compone el CGPJ. El pacto acordado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador popular, Esteban González Pons, estableció que cada uno de ellos contaría con diez vocales y que todas las decisiones se adoptaran por mayoría cualificada de trece votos. En lo que cedió el PP fue al proponer a Isabel Perelló como presidenta del Tribunal Supremo por ser magistrada -como imponía el Gobierno- e independiente, aunque de tendencia progresista sin pertenecer las candidatas propuestas por La Moncloa. 

El acuerdo alcanzado, que acababa con el sistema de elección parlamentaria de la mayoría de los vocales, no ha hecho sino diferir la solución de los problemas que debía abordar el nuevo órgano de gobierno de los jueces: realizar los nombramientos para cubrir los puestos en los tribunales superiores y audiencias provinciales que habían quedado vacantes durante el tiempo en el que el CGPJ no pudo realizarlos -más de un centenar, una treintena de ellos en el Supremo-, y cumplir el mandato de elaborar un nuevo modelo de la elección de los vocales en próximas ocasiones, además de evitar que se pueda volver a repetir una situación de bloqueo.

La conjunción de las posiciones irreductibles de progresistas y conservadores en favor de sus candidatos y el hecho de que se deba cumplir la regla de proporcionalidad de sexos para que ninguna de las salas cuente con más de un sesenta por ciento de miembros de está dilatando los nombramientos, con especial incidencia en las presidencias de cuatro salas del Tribunal Supremo y sobre todo en la Segunda y Tercera -de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo- y su composición. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder y ni tan siquiera están de acuerdo en cómo se han de afrontar las renovaciones. El sector conservador pretende que se comience por los puestos más fáciles de cubrir y dejar para el final la situación del Supremo, porque en las principales salas sus candidatos están ejerciendo,  en funciones, sus presidencias. Dentro de semana y media está previsto que se aprueben las primeras designaciones del nuevo CGPJ.

 Más difícil aún es el acuerdo sobre el mandato que recibió el órgano de gobierno de los jueces para que establezcan un modelo aceptable para todas las partes para la elección de los vocales. La comisión encargada de elaborar ese proyecto tiene hasta el 6 de febrero para presentar el texto, pero las discrepancias insalvables lo impiden, porque el sector conservador insiste en la elección corporativa de la mayor parte de los vocales para que los jueces elijan a los jueces, mientras que el sector progresista no renuncia a la intervención parlamentaria. Es decir, ninguno de los dos los sectores se apea de sus posiciones, de tal forma que el bloqueo que antes se atribuía a una de las partes ahora es responsabilidad de las dos.