Resulta descorazonador y tremendamente preocupante confirmar día sí, día también, que los partidos políticos generados para difundir y defender las ideas del odio logran vencer sus objetivos y arrodillar al estado de derecho gracias a la capitulación de un presidente, Pedro Sánchez, que ha concedido lo innombrable (ayuntamientos a EH Bildu, indultos y amnistías a la carta a fugados por delitos de corrupción, asimétricas condonaciones de deuda que dinamitan la igualdad entre españoles, ataques furibundos y abiertos al poder judicial, acuerdos sobre inmigración...) para amarrar el poder.
Los voceros y defensores de la causa, que tiene una derivada económica en primera persona, los políticos profesionales a los que no se conoce carrera ni fin fuera de un escaño o pesebre, y otra en plural, la consecución de más inversiones, derechos u oportunidades territoriales en detrimento de otros nacidos iguales, suelen acudir al discurso del progreso para defender lo indefendible hace tan sólo unos meses incluso para quienes ahora lo defienden como vía única para detentar el poder. El Gobierno es progresista, dicen. Se apoya en fuerzas progresistas, aseguran. Busca el progreso de las personas, juran. Y todos los que consideran infame lo que está sucediendo son fascistas reaccionarios y peligrosos.
Es curiosa la forma de entender el progresismo que tiene este Gobierno cuando se trata de blanquear la repugnante historia de la organización criminal y terrorista ETA. Tienen una prueba irrefutable en el panteón de la infamia, el taller de Mondragón donde ETA enterró en vida a José Antonio Ortega Lara. Allí, en las paredes que ven cada día más de 3.000 alumnos de la ikastola que está justo enfrente, se imprimen todo tipo de amenazas, consignas terroristas e insultos contra el torturado y las fuerzas y cuerpos de seguridad sin que se haga nada por ponerle freno desde el Gobierno local de EH Bildu.
Viajando más al Este se encuentra el otro de los apoyos del Gobierno de Sánchez, Junts, que ahora da otra vuelta de tuerca con el asunto de la cesión de competencias sobre migración, algo tan inapropiado y poco progresista que llevó a decir al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que «si las competencias las pidiera Vox todo el mundo se rasgaría las vestiduras», añadiendo que no es admisible que los independentistas catalanes, «que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza».
Mientras tanto, Pedro Sánchez y sus ministros, reunidos en la finca toledana Quintos de Mora, insisten en su apuesta por el acuerdo y el diálogo para «garantizar la paz social» frente a la «coalición antisocial» del Partido Popular y Vox.