El parque público de viviendas escasea en Castilla-La Mancha. Los últimos datos que ofrece el Gobierno autonómico rondan los 7.000 inmuebles dispersos por toda la región. Superar esta cuestión no es tarea fácil ni se puede realizar a corto plazo. Eso lo saben en CCOO, quienes estiman que el Gobierno de Castilla-La Mancha debería hacerse con 60.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en una década, ya sea a través de la construcción o mediante la compra de inmuebles públicos.

Las viviendas protegidas han ido reduciéndose paulatinamente desde 1991, cuando la construcción acumulada de VPO alcanzaba los 71.000 hogares. En la actualidad, la cifra de los inmuebles públicos es diez veces menor, por lo que consideran en el sindicato que urge poner medidas para el acceso a un alquier o la compra a un precio justo.

Una de las propuestas que han presentado a nivel nacional, que tiene también posibilidades de realizarse desde las autonomías, es la creación de un Fondo de Inversión Público para Vivienda Asequible (FIVA). Dicho fondo se sustentaría con la inversión de «pequeños ahorradores familiares e inversores institucionales sin carácter especulados» además de las distintas fórmulas de captación «de ahorro institucional o financiación», tanto del Ejecutivo nacional como de Europa, dentro de los programas de «estímulo a la vivienda asequible» que se anuncian en el programa de la nueva Comisión Europea.

Los inversores obtendrían rentabilidades parecidas a las que obtienen con la emisión de compra de deuda, de cerca del 3 por ciento: «Un ciudadano de a pie puede hacer aportaciones con sus ahorros con un rendimiento bajo asegurado con garantía pública, pero constante y ausente de riesgo», explica Juan Carlos del Puerto, secretario regional de Empleo y Políticas Públicas de CCOO. Además de la promoción del acceso a la vivienda de forma justa, con dicho fondo se podrán apoyar protectos «socialmente responsables», aseguran.

El sindicato se muestra «conservador» a la hora de estimar el coste medio de las viviendas. Formulan un precio de 1.560 metros cuadrados, lo que haría valer un piso de unos 80 metros cuadrados unos 125.000 euros. De esta forma, a nivel nacional, podría suponer la promoción de 50.000 viviendas al año si se ruenen los 6.250 millones de euros que costaría el desarrollo del fondo en cada ejercicio.

CCOO ha analizado los sistemas de vivienda social de Austria, Dinamarca, Finlandia y Francia. La mayoría de ellos, fijan el precio del inmueble según el coste de la promoción. El parque de VPO ronda entre el 17 y el 20 por ciento. La elegibilidad de los propietarios es «universal», pero con algunas restricciones como priorizar a «quienes más lo necesitan, en el caso danés, o «dependiendo del nivel de renta y de las características de la familia», en el caso francés.

Para fomentar el uso de las viviendas que se encuentran vacías puedan ser habitadas, CCOO propone aumentar el IBI a todos aquellos hogares que se encuentren en buen estado y reunan las garantías necesarias para albergarse. Esta medida alternativa la podría poner en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha en cualquier momento al disponer de las competencias en materia de vivienda. El sindicato recuerda que son más de 100.000 los inmuebles deshabitados en la región y que podrían darse un uso «antes de poner un ladrillo». La construcción de vivienda «es necesaria sobre todo en las capitales de provincia».

Vivienda eficiente. Una de las intenciones de CCOO con este nuevo fondo de inversión pública es que buena parte de las viviendas nuevas que se construyan sean eficientes, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental como del ahorro energético para las familias.

Con esta promoción de viviendas eficientes energéticamente el sindicato apuesta porque sería un atractivo para los inversores institucionales de dichas infraestructuras. Además de la implicación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) quien, a través del contrato de alquiler, «podría haber consignados conceptos destinados a mejorar» la eficiencia energética de la vivienda, señalan en CCOO.

También, se podrán contar con fondos europeos que financien proyectos cuya taxonomía vincula el impacto social y medioambiental, todos ellos regulados bajo el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, conocido como SFRD por sus siglas en inglés.