El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha aprobado la orden ministerial por la que se crearán las unidades administrativas de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que verán incrementado en cuatro el número total de plazas asignadas en las oficinas de Castilla-La Mancha.
La aprobación de la citada orden ministerial da luz verde a la creación de las unidades administrativas de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Audiencia Nacional (tres plazas de nueva creación en sus órganos centrales), de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (mantiene dos plazas en sus órganos centrales) y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla.
En total, el Gobierno aprueba la creación de 28 nuevos puestos de trabajo, por lo que se dobla el personal de la Administración de Justicia que trabaja en estas oficinas de asistencia.
Multidisciplinar. Las OAVD se configuran como un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, en atención a los derechos recogidos en la normativa europea y en el Estatuto de la víctima del delito.
Las oficinas son unidades dependientes del ministerio, que estarán integradas por personal adscrito a la Administración de Justicia, además de profesionales de la psicología o cualquier personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio. Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, proporcionándoles información en el ámbito jurídico y social, derivándolas a todos los recursos públicos disponibles.
Además, las OAVD facilitan asistencia psicológica cuando se requiere, antes, durante y, por un período de tiempo adecuado, después de la conclusión del proceso penal. En ellas se ofrece información adaptada a las circunstancias personales de las víctimas y a la naturaleza de los delitos cometidos, profundizando así en la concepción de 'justicia de los cuidados', que es una de las líneas estratégicas del ministerio, apuntada por el ministro Félix Bolaños el pasado mes de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.