El runrún de que el Ejecutivo iba a mover ficha era cada semana más importante y, finalmente, se acabó consumando ayer, con una comparecencia en la televisión pública. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que las normativas regionales chocan frontalmente contra la Ley estatal que regula este ámbito. La de Aragón es la única norma que está aprobada, mientras que las de las otras dos autonomías todavía son proposiciones de ley, aunque Torres dejó claro que todas se llevarán al Alto Tribunal y señaló a Vox como impulsor de estas y al PP de ser "rehén" de sus socios en las reseñadas comunidades.
Las justificaciones del ministro se basaron en sostener que la Ley de Memoria aprobada por el Gobierno no distingue entre víctimas de uno u otro lado, al mismo tiempo que se contradecía al apuntar que no se podían equiparar las del bando vencedor con el vencido, ya que, según defendió, las primeras ya fueron exhumadas por el dictador Francisco Franco y las familias recompensadas económicamente, mientras que las de los segundos permanecieron enterradas durante cuatro décadas. Torres, que negó que existieran fosas del bando nacional y consideró que esas leyes regionales pueden paralizar exhumaciones como ha sucedido en el Valle de los Caídos, cree que PP y Vox tratan de equiparar 40 años de falta de libertades y "torturas" con un período democrático como, a su juicio, fue la Segunda República.
Aragón ya ha mostrado su malestar por las amenazas del Ejecutivo y, aunque admite que acudirá a la reunión bilateral planteada por el Gobierno central, ha dejado claro que no piensa dar un paso atrás con una norma aprobada por el Parlamento regional, con el objetivo de derogar una "ley sectaria" que ofrece una visión "distorsionada" de la historia y que no ampara a todas las víctimas de la misma manera. Mientras, desde Castilla y León, el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones mostró su respeto a que se recurra la Ley de Concordia, que todavía tiene que salir adelante, pero dejó caer que el Gobierno se "salta las reglas" a su conveniencia, con decisiones que vulneran la Constitución.
La Ley de Memoria Democrática nació con polémica. La negociación fue complicada y las cesiones del Gobierno a los republicanos catalanes, que exigían reparaciones patrimoniales para las víctimas, entre ellas su partido o la Generalitat de Cataluña, fueron claves para que la normativa pudiera ver la luz. Habría que preguntarse hoy si el Ejecutivo también acudiría al Constitucional si fuese la Generalitat la que quisiera aprobar su propia norma.