El Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha viajará esta semana a Bruselas para trasladar a las instituciones comunitarias la realidad de la agricultura y la ganadería castellano-manchegas y defender los intereses del sector de cara al futuro de la Unión Europea.

Durante este viaje, la organización agraria mantendrá una agenda de reuniones con eurodiputados españoles en Bruselas, entre los que se encuentra Cristina Maestre, quien ha facilitado la posibilidad de viajar al Comité Ejecutivo, así como con representantes de los distintos organismos de la Comisión Europea. Entre otros encuentros, Asaja tiene previsto reunirse con miembros de la D.G. AGRI (Agricultura y Desarrollo Rural), responsables de la Directiva Marco del Agua y de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

El presidente de la organización agraria, José María Fresneda, ha manifestado que "el objetivo principal es mejorar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas y defender que, a un agricultor o ganadero al que se le aplica una política comunitaria, no se le reduzca su capacidad de renta porque se le imponen restricciones a la hora de producir, ya sea viñedo, ecológicas, ganadería, cereales o frutos secos, entre otros".

Para ello, insiste en que Europa debe priorizar tres cuestiones: "una PAC fuerte y simplificada, la defensa del sistema productivo frente a las políticas conservacionistas y la aplicación del principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones".

Sobre la PAC, quieren un presupuesto más elevado, con menos burocracia y enfocada en la regulación de mercados para evitar prácticas desleales, así como con mecanismos de gestión ante las crisis.

En cuanto a las políticas conservacionistas, piden un equilibrio entre sostenibilidad medioambiental, rentabilidad económica y bienestar social, adaptando los objetivos del Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza a las realidades del sector agrario para evitar sobrecostes inasumibles. 

Por último, también insisten en un control estricto de las importaciones, exigiendo que los productos externos, como el cereal o la almendra, cumplan con las mismas normativas de producción que rigen en la UE. Propone mecanismos de protección como aranceles y "cláusulas espejo" en acuerdos comerciales.