La Comisión Europea, a través de su Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agri), ha publicado los resultados del Eurobarómetro Especial 556, un estudio que explora las opiniones de los ciudadanos europeos sobre la agricultura, las áreas rurales y la Política Agraria Común (PAC). Este informe, basado en encuestas realizadas entre junio y julio de 2024, ofrece una visión detallada de las percepciones y actitudes hacia temas clave que afectan a la agricultura en Europa, desde su importancia para el futuro de la UE hasta el comercio internacional y las ayudas financieras. En este análisis, los datos específicos de España aportan un matiz interesante, destacando diferencias y similitudes con el promedio europeo.

El Eurobarómetro 556 demuestra que los ciudadanos europeos, y particularmente los españoles, reconocen la importancia de la agricultura como pilar fundamental para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Algo en lo que sin duda han influido las protestas y manifestaciones que coparon los medios de comunicación durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, en España, aspectos como el apoyo financiero y las políticas de sostenibilidad requieren una atención especial para alinear mejor las percepciones con las realidades del sector agrario. Este informe subraya la relevancia de continuar fortaleciendo la PAC como herramienta clave para enfrentar los desafíos agrícolas actuales y futuros.

La agricultura y las áreas rurales son reconocidas por su papel clave en el futuro de Europa. Según el informe, el 92% de los europeos considera importantes estos sectores, con un 52% que las califica como «muy importantes». En España, esas cifras son del 96% y 65%, lo cual evidencia una conexión más fuerte con el entorno rural. Este dato refleja una conciencia arraigada sobre la contribución de la agricultura no solo al suministro alimentario, sino también al desarrollo económico y la sostenibilidad de las comunidades rurales.

La encuesta también revela que el impacto del cambio climático es un tema prioritario para los europeos. El 91% de los participantes a nivel europeo y el 93% en España coinciden en que fenómenos como las sequías o inundaciones extremas afectan la seguridad alimentaria. En cuanto a la necesidad de adoptar nuevas prácticas agrícolas, el 75% de los europeos apoya esta idea, incluso si supone una pérdida de competitividad. En España, este porcentaje sube al 84% (de nuevo una cifra superior a la del resto de la UE), evidenciando un mayor compromiso con las transformaciones necesarias para afrontar el cambio climático.

Por otro lado, el 62% de los europeos considera que la agricultura ya ha contribuido de manera significativa a mitigar el cambio climático, una percepción que en España alcanza el 69%. Sin embargo, los españoles son menos propensos a pagar más por productos agrícolas sostenibles: solo el 49% estaría dispuesto a pagar un 10% más, frente al 57% en la UE.

Seguridad alimentaria.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, el informe muestra una clara diferencia entre las percepciones europeas y españolas. A nivel europeo, el 38% de los ciudadanos cree que la seguridad alimentaria ha mejorado en la última década, mientras que el 42% opina que se ha mantenido igual. En España, el 55% ve una mejora, consolidando una visión más optimista. Este contraste puede estar relacionado con el papel destacado que ocupa la agricultura en la economía española y con los esfuerzos por garantizar el abastecimiento interno.

Para los europeos, la principal responsabilidad de los agricultores es proveer alimentos seguros, saludables y sostenibles, como destaca el 47% de los encuestados. En España esta percepción es similar, con un 48% que prioriza este aspecto. Sin embargo, los españoles otorgan una relevancia significativamente mayor a la generación de empleo en áreas rurales: el 30% lo señala como una responsabilidad clave, frente al 19% en la UE. Este dato pone de relieve la preocupación en España por revitalizar el tejido económico rural y mantener poblaciones activas en estas zonas.

Por otro lado, el Eurobarómetro revela un creciente conocimiento sobre la PAC, alcanzando su nivel más alto desde 2007. A nivel europeo, el 78% de los ciudadanos ha oído hablar de la Política Agraria Común, aunque solo el 13% afirma conocer sus detalles. En España, estas cifras son aún más positivas: el 79% está familiarizado con la PAC y un notable 19% dice conocerla en profundidad. Además, tanto europeos como españoles coinciden en que la PAC beneficia a todos los ciudadanos, no solo a los agricultores, con porcentajes del 70% y 71%, respectivamente.

Además, alrededor de siete de cada diez encuestados creen que la PAC contribuye a la gestión sostenible de los recursos naturales (72%), al desarrollo de investigación y soluciones digitales para apoyar a los sectores agrícola y alimentario (71%) y al refuerzo del papel de los agricultores en la cadena alimentaria (70 %). Además, impulsar la inversión y el crecimiento y crear puestos de trabajo en los sectores agrícola y alimentario (70%), ayudar a hacer frente al cambio climático (70%) y garantizar unos precios razonables de los alimentos (69%) también son contribuciones clave de la PAC, según los ciudadanos. Más de seis de cada diez encuestados también creen que la PAC ayuda a reducir las disparidades regionales (66%) y anima a los jóvenes a incorporarse al sector agrícola (63%).

Esto refleja un impacto efectivo de las campañas de información en España, donde la PAC es vista no solo como una herramienta para apoyar al sector agrario, sino como un beneficio para toda la sociedad. También es lógico suponer que las tractoradas celebradas durante las primeras semanas de 2024 han hecho que muchos ciudadanos volvieran la vista hacia asuntos a los que hasta ahora no se les había prestado demasiada atención.

Ayudas, mercados...

El apoyo financiero a los agricultores sigue siendo un tema controvertido. En Europa, el 56% considera que las ayudas actuales son adecuadas, pero el 27% las ve insuficientes. En España, el panorama es más crítico: solo el 48% cree que el nivel de apoyo es adecuado, mientras que el 37% opina que es insuficiente. Este descontento podría estar relacionado con los desafíos económicos que enfrentan los agricultores españoles, incluidos los altos costes de producción y la competencia internacional.

El comercio internacional también ocupa un lugar importante en el informe. A nivel europeo, el 88% apoya que las importaciones agrícolas cumplan con los estándares de calidad de la UE. En España este apoyo asciende al 89%, consolidando la idea de que los estándares europeos son fundamentales para proteger la calidad y sostenibilidad de los productos agrícolas.

En cuanto a los acuerdos comerciales, el 71% de los europeos los considera beneficiosos para los consumidores y el 66% también para la agricultura. En España, estos porcentajes son más altos, con un 77% que los valora positivamente para los consumidores y un 72% para el sector agrícola. Esto sugiere una mayor confianza en las oportunidades que el comercio internacional puede ofrecer a los productores españoles, a pesar de que los profesionales del sector, en general, ven en estos pactos (Mercosur, Marruecos…) una agresión contra sus intereses. De hecho este asunto protagonizado una de las reivindicaciones más importantes en 2024.

En el ámbito del consumo, tanto los europeos como los españoles valoran los productos de cadenas cortas (45%) y los producidos de manera sostenible (43%-45%). Sin embargo, el reconocimiento de etiquetas de calidad varía: mientras que el 56% de los europeos identifica el logotipo de agricultura ecológica, en España esta cifra baja al 38%, dando mayor protagonismo a otras certificaciones como Comercio Justo.

El papel de la Comisión. En definitiva, el Eurobarómetro 556 pone de manifiesto el papel fundamental de la agricultura en Europa y las áreas donde los ciudadanos esperan mejoras. En España, la agricultura es percibida como un motor de empleo y sostenibilidad, con una valoración más optimista en áreas como la seguridad alimentaria. Sin embargo, persiste un descontento sobre las ayudas financieras de la PAC, lo que subraya la necesidad de continuar reforzando las políticas de apoyo al sector agrario, al tiempo que se demanda que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos. La agricultura sigue siendo un pilar estratégico para el desarrollo económico y social de Europa, y este informe proporciona una hoja de ruta para responder a las expectativas ciudadanas. En breve el nuevo Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, fijará sus prioridades. ¿Escuchará atentamente lo que le dicen los ciudadanos europeos? El tiempo dirá.

3.665 millones de euros en ayudas directas de la PAC.

El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha coordinado el pago, por parte de las comunidades autónomas, de 3.665 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2024 hasta el 31 de diciembre. El plazo de pago anticipado se inició el pasado 16 de octubre. Se trata de la segunda campaña de la PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este importe, pagado a 31 de diciembre, es 189 millones de euros superior al de la pasada campaña, con un ritmo de pagos todavía marcado por las especificidades que implican estos años de transición.

A partir del 1 de diciembre de 2024 se autorizó el abono del 90% de la ayuda básica a la renta y sus pagos complementarios y desde la misma fecha se pudo transferir el 90% del pago de los ecorregímenes y los regímenes de ayudas asociadas a la agricultura -excepto el pago específico al algodón-, así como de ayudas asociadas a la ganadería -excepto las ayudas al engorde de terneros-.

Una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta (el 28 de febrero de 2025 como fecha límite), así como el cálculo de importes unitarios definitivos, remanentes y transferencias entre intervenciones (antes del 1 de mayo de 2025), se autorizará el abono del 10 % restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2025.