La semana pasada, tras 15 días de protestas en Europa, las tres principales organizaciones profesionales agrarias (OPA) españolas anunciaban movilizaciones por todo el país. Casi inmediatamente Luis Planas, ministro de Agricultura, pedía una reunión con los representantes de estas organizaciones, seguramente pensando en intentar evitar lo que estaba ocurriendo en Francia. Sin embargo, el encuentro no surtió el efecto deseado y ASAJA, COAG y UPA mantenían su intención de salir a las calles y las carreteras después de verse con Planas.
«El sector va a estar en la calle la semana que viene y durante todo el mes para reivindicar nuestros puestos de trabajo, nuestra profesión y reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien y ahora no nos dejan hacerla», aseguraba al término de la reunión José Manuel Cebollada, vicepresidente de ASAJA. En los días posteriores, las tres organizaciones, a escala regional y provincial, anunciaban protestas y tractoradas por toda España para mediados de febrero, la mayor parte de ellas para el día 14, aunque habrá muchas más, comenzando el día 8 en Ávila, Salamanca y Ciudad Real y terminando el 27 de febrero en Córdoba, con citas en 21 ciudades más entre una fecha y otra, según se puede leer en la web de UPA.
Sin embargo, a lo largo de esta semana y fuera del paraguas de las OPA, los agricultores y ganaderos se han adelantado y muchas poblaciones en media España se han visto colapsadas por los tractores. El vicepresidente de la recién creada Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), Pedro Muñoz, desvinculaba las protestas de los sindicatos, contra los que cargaba duramente: «No nos representan y ya no queremos más intermediarios». Aseguraba que el tejido sindical «está muerto» y mientras que en Francia llevan semanas organizados, en España no ha ocurrido lo mismo, por lo que se han visto obligados a reaccionar. Este desdén por las organizaciones agrarias mayoritarias se ha visto en muchas de las manifestaciones por todo el país, a pesar de que en algunas de ellas, como las convocadas en la provincia de Burgos, en Cataluña o en Valencia, la llamada provenía de Unión de Uniones, organización con gran representación pero que no cuenta como interlocutor para el Ministerio.
A pesar de ello, ASAJA, COAG y UPA expresaban este martes su respeto por los agricultores y ganaderos que han salido a protestar en toda España por los intereses del campo, pero han defendido su trabajo y las movilizaciones que han anunciado para los próximos días. El secretario de organización de ASAJA, Juan José Álvarez, señalaba que «respetan a los agricultores que desean movilizarse» y recordaba que tienen preparado un calendario de protestas en unidad de acción con las organizaciones COAG y UPA, en los distintos territorios, desde el 8 de febrero en adelante.
«No sabemos quién ha convocado, pero todo el respeto para los manifestantes por los intereses del campo», expresaba este martes Álvarez ante las numerosas tractoradas convocadas a través de redes sociales y grupos de whatsapp que a esas alturas ya se habían extendido por el país, complicando el tráfico en vías principales y bloqueando infraestructuras. Álvarez ha destacado que, «independientemente de los intereses políticos, hay un hartazgo generalizado en el campo» por la situación actual, en especial por la burocracia que impone la normativa europea.
Fuentes de COAG apuntaban que son «bienvenidos todos los actos de movilización de agricultores y ganaderos que vengan a reforzar y multiplicar el eco de las reivindicaciones» que llevan haciendo durante los últimos cinco años para garantizar el futuro de las explotaciones profesionales agrarias y la seguridad alimentaria de españoles y europeos. El vicesecretario general de organización de UPA, Marcos Alarcón, manifestaba también su respeto a los manifestantes, si bien «cabe dudar de que las protestas estén siendo espontáneas por el grado de coordinación» y, al no haber sido autorizadas, solo esperaba que «no haya incidentes». «No podemos actuar como portavoces de esto porque no lo hemos organizado ni formamos parte de este movimiento, en el que hay mensajes muy confusos y contradictorios», como aquellos que piden la salida de España de la Unión Europea o los que no quieren ayudas, resaltaba el responsable de UPA.
Logros: barbecho y pesticidas.
La semana pasada, a raíz de las protestas en Francia, la Comisión Europea enviaba una propuesta a los Estados miembros para derogar la obligatoriedad de dejar un 4% de la superficie agraria útil en barbecho para poder cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que era una de las reivindicaciones por las que el sector primario había salido a las carreteras. Fue la primera cesión de Bruselas ante la presión de las manifestaciones, que se extendían ya por media Europa.
El Ejecutivo comunitario aclaraba que, en lugar de «mantener en barbecho o improductiva el 4% de su tierra cultivable, se considerará que los agricultores de la UE que cultivan cultivos fijadores de nitrógeno (leguminosas) e incluso cultivos intermedios en el 7% de sus parcelas cumplen los requisitos» para poder cobrar esas ayudas. Los cultivos intermedios son plantas que crecen entre dos cultivos principales y pueden servir como forraje para los animales o como abono verde. El uso de cultivos fijadores de nitrógeno y cultivos intermedios aporta una serie de beneficios ambientales para la salud del suelo, incluida la biodiversidad del terreno y la limitación de la lixiviación (pérdida) de nutrientes. Los cultivos se tendrán que desarrollar sin productos fitosanitarios para mantener la ambición medioambiental de la PAC.
Este martes y con el sector español ya en plenas protestas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que retiraba la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, cuya tramitación en su forma actual ha fracasado en el Parlamento y el Consejo, y prometió que involucrará más al sector agrícola en la redacción del próximo borrador. La ley, que planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030, había afrontado el rechazo del grupo de presión agroalimentario europeo y de todo el sector primario del continente por temor sobre su impacto en la seguridad alimentaria. «La Comisión propuso la legislación de uso sostenible de pesticidas con el objetivo valioso de reducir los riesgos de los productos químicos para proteger plantas. Pero la propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento y ya no hay progreso tampoco en el Consejo. Por eso, propondré retirar la propuesta», dijo Von der Leyen.
Traspasa las fronteras de la UE.
Las protestas se han extendido por muchos países de la Unión Europea y en los últimos días incluso el sector primario de Suiza, país que constituye una isla en medio del territorio comunitario, se ha solidarizado con la situación. Una treintena de tractores se concentraron en el centro de Ginebra el fin de semana pasado para reivindicar remuneraciones equitativas para los trabajadores del sector.
Por su parte, y ya dentro de la UE, los agricultores de Grecia decidieron este martes intensificar sus movilizaciones con bloqueos simultáneos de autovías y carreteras en todo el país, además de convocar una gran manifestación en Atenas. Entre sus demandas se incluye la «renegociación» de la PAC, subvenciones estatales para piensos y otros productos, así como indemnizaciones «que cubran por completo» los daños provocados por una serie de catástrofes naturales.
En Países Bajos, los granjeros neerlandeses retomaron las acciones de protesta este martes, después de varios meses de parón, y cortaron carreteras, quemaron leña y otros objetos y usaron vehículos agrícolas para bloquear autopistas, mientras el Gobierno de Países Bajos asegura estar «totalmente harto» y busca vías para detener las manifestaciones que infringen la ley. En los últimos años, miles de tractores han tomado periódicamente las carreteras de numerosas ciudades neerlandesas para protestar contra los planes del Gobierno de Rutte de cerrar granjas para reducir las emisiones de nitrógeno.
En Bulgaria, los agricultores iniciaron este martes protestas y bloqueos indefinidos de carreteras en todo el país en demanda de compensaciones estatales por las pérdidas causadas por la importación sin aranceles de cereales ucranianos. Como medida de presión, han planeado bloqueos diarios de dos horas en carreteras estratégicas, utilizando maquinaria pesada.
Cerca de 2.000 agricultores salieron el lunes a las calles de varias ciudades de Letonia para, a bordo de sus tractores, bloquear el tráfico en protesta por la situación en la que se encuentra el sector, y amenazan con irrumpir en la capital, Riga, la semana que viene. Exigen una prohibición inmediata de las importaciones de alimentos provenientes de Rusia y Bielorrusia sin periodo de transición. Asimismo, solicitan rebajar al 5% el impuesto sobre las frutas y hortalizas letonas, una reducción de los trámites burocráticos en el sector y un mayor acceso a programas de desarrollo.
En Italia, el sector primario continúa con sus protestas en varias ciudades, causando retenciones en autopistas, mientras decenas de tractores han puesto rumbo a Roma, donde esperan congregarse. Los agricultores pretenden protestar en la capital y esperan congregar a unos dos mil tractores en sus calles.
Los agricultores belgas, por su parte, mantenían este sábado los bloqueos en varios centros de distribución de los supermercados Aldi, Lidl, Intermarché y Delhaize, pese a que la patronal del sector del comercio les amenazara con emprender acciones legales. A consecuencia de estos bloqueos han llegado a faltar o escasear algunos productos en las tiendas de varias cadenas.
En Portugal, y después de días de protestas y cortes de carreteras, el Gobierno devolverá este mes a los agricultores el 35% de las ayudas PAC recortadas en 2023, les rebajará en dos céntimos por litro el precio del gasóleo agrícola y podrán comprar forraje convencional para el ganado que se cría en régimen extensivo hasta el 15 de abril de este año.
Empatía e inquietud en Mercosur.
Los agricultores del Mercosur ven con una mezcla de empatía y preocupación la ola de protestas de sus colegas europeos, aunque todavía confían en que el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) salga del papel tras casi tres décadas en negociación. Precisamente el rechazo a ese acuerdo es una de las reivindicaciones del sector primario europeo, que ve en esta relación comercial competencia desleal de los productores americanos, a los que, si el acuerdo llega a término, no hay garantías de que se les vayan a exigir los mismos requisitos que a los comunitarios en materia medioambiental y de bienestar animal.
Las principales organizaciones agropecuarias de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia mantienen su apoyo al pacto entre ambos bloques, que ahora temen que vuelva a congelarse ante la ira campesina europea. «Vemos con preocupación lo que sucede, principalmente por la posibilidad de que fracase el acuerdo UE-Mercosur», dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro mayores patronales del sector del país. No obstante, los gremios del Mercado Común del Sur (Mercosur) muestran cierta empatía y consideran que las manifestaciones del campo en países como Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y España también son fruto del rechazo a una legislación verde cada vez más rígida. «Las protestas son una expresión del descontento de la agroindustria europea», que no está dispuesta a asumir todo «el coste» de la transición ecológica, afirmó el vicepresidente de la Asociación Brasileña del Agronegocio, Ingo Plöger. En ese punto coinciden con sus colegas europeos, pues desde el Mercosur repudian las «inaceptables» exigencias medioambientales que la UE quiere anexar al acuerdo de principios suscrito entre las partes en 2019.
Sueme Mori, directora de Relaciones Internacionales de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, país cuya poderosa industria agropecuaria representa alrededor de un 25% del PIB del país, ve un sinsentido en estas posibles exigencias: «Nuestra agricultura no se puede igualar desde el punto de vista científico y técnico a la europea. Es muy diferente. Aquí hay tres cosechas de granos al año y no tenemos un invierno riguroso que mate las plagas», argumentó.
Flaco favor de los políticos.
Como no podía ser de otra manera, las protestas de los agricultores han sido rápidamente politizadas, con los diferentes partidos intentando arrimar el ascua a su sardina. Durante los últimos días ha habido un cruce continuo de declaraciones entre las diferentes formaciones culpándose de la situación y apropiándose de las reivindicaciones que en nada ayuda a solucionar los problemas del campo. Lo cierto es que la coyuntura en la que se encuentra el sector primario ni es nueva ni se ha originado de la noche a la mañana. Agricultores y ganaderos llevan muchos años clamando por los mismos problemas y poco caso se les ha hecho, sin importar el signo del gobierno de turno, hasta que han puesto en jaque al país. La dejadez de los políticos y años tomando a los productores como moneda de cambio para ciertos acuerdos de la UE con terceros países (diplomáticos, comerciales, en materia de inmigración…) han llevado a esta situación, que es difícil de revertir, al menos a corto plazo. Los agricultores y ganaderos se sienten agraviados y la producción de alimentos está en juego. La clase política debería tomarse esta situación como algo serio y no como un arma para obtener votos en las elecciones europeas.