Consuelo Cascales es una vecina de Albacete que está sumida en una depresión a causa de un piso heredado que decidió alquilar para pagar la instalación del ascensor comunitario del bloque. Hace cuatro años, se lo alquiló a una mujer senegalesa que hace 18 meses dejó de pagar sus mensualidades. De esta forma, Consuelo Cascales no recibe el pago del alquiler, con el que hace frente a la hipoteca del propio inmueble, pero además debe pagar los gastos de electricidad, agua y gas. Además, la inquilina consiguió parar en dos ocasiones el desahucio del inmueble con distintas tretas legales. La propietaria de la vivienda es una mujer de 59 años, divorciada y con un sueldo de contable en una empresa cárnica de la capital albacetense. Su situación económica es muy complicada, lo que le ha llevado a declararse en huelga de hambre en un trastero que posee en la azotea del edificio, aunque hoy trasladará su protesta a la puerta de los juzgados. Uno de sus dos hijos intentó, sin resultado, que abandonara la huelga de hambre, pero no lo consiguió.

El de Consuelo Cascales es un caso real que se sucede más a menudo de lo que los ciudadanos piensan en la sociedad actual. Alguien que con todo su esfuerzo tiene una propiedad y un inquilino se apropia de ella y causa un perjuicio enorme al dueño, que se ve abocado a tomar decisiones drásticas y tajantes para que intentar salir del atolladero en el que un inquilino sin escrúpulos le mete.

Las plataformas como Stop Desahucios intentan detener los lanzamientos judiciales con el derecho a una vivienda digna por bandera, que es muy loable, pero ese derecho entra en confrontación con el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Ambos están recogidos en la Constitución española de 1978. ¿Cuál debe prevalecer? Hay casos y casos, pero en éste concreto de Consuelo Cascales, la inquilina arguye ante los tribunales que es una persona vulnerable y continúa un año y medio después en la vivienda, sin hacerse cargo de ningún caso. Los tribunales y las administraciones públicas protegen a la inquilina, pero la situación aboca a una trabajadora, que cumple con sus obligaciones como ciudadana, a una situación de vulnerabilidad también. En conclusión, por proteger a una persona con pocos recursos, el caso acaba con dos personas en situación de vulnerabilidad. ¿Es lógico y justo? La verdad es que no, porque Consuelo Cascales tenía una vida tranquila que ahora se convirtió en un infierno personal acosada por las deudas, sin tener ella ninguna responsabilidad.

El sistema actual tiene tantos recovecos legales y es tan garantista que al final crea casos injustos, como el de Consuelo Cascales, que nadie sabe cómo acabará para su protagonista.