Francisco Honrubia, responsable del área de Salud Laboral en Comisiones Obreras de Albacete, analiza la situación de la siniestralidad laboral en la provincia.

¿Qué lectura puede hacerse de la estadística oficial?

Pues que efectivamente el fin de las bajas por Covid ha tenido incidencia, pero lo cierto es que cuando confrontas las estadísticas con periodos anteriores, pueden ser engañosas y no dar a entender la magnitud real del problema, que creo que reside en las cifras en que se estabiliza la siniestralidad. Estamos hablando de más de 900 accidentes mortales al año a nivel estatal y ese es realmente el problema principal, el volumen y lo que representan a nivel personal y económico.

Esas cifras están en consonancia con los accidentes de tráfico, sobre los que se hacen campañas muy potentes de concienciación. Echamos en falta campañas similares que visibilicen la situación, incluyendo también la de enfermedades que no son reconocidas como accidente laboral. No existen datos, por ejemplo, sobre el cáncer laboral, un nicho poco representado en las estadísticas y poco estudiado.  

¿Qué medidas reivindican para revertir cifras tan altas?

El punto inicial es la integración de la prevención de manera transversal en las empresas. No buscamos una prevención de papel, sino que se integre en las características de todos los puestos de trabajo y también democratizar las relaciones laborales, porque nos estamos encontrando con muchas empresas que nos impiden el acceso a la información a la que tenemos derecho. 

Por otra parte, vemos que mejoran las cifras de siniestralidad en las empresas que nos la facilitan y utilizan la información sobre riesgos que aportan los delegados de personal, merced al conocimiento que tienen del desarrollo del trabajo.

¿Cómo pueden ayudar las administraciones en esta materia?

Echamos en falta un refuerzo de las labores de vigilancia de las empresas incumplidoras, ya que en Albacete sabemos de accidentes que se repiten de forma sistemática en las mismas y no hay manera de que la situación se revierta. Con esas la Administración debería ser mucho más dura.

Todo el apoyo que llegue desde las administraciones es bienvenido y creo que los datos requieren una mayor atención, por lo que los sindicatos proponemos la creación de un instituto regional de seguridad y salud, figura que ayudaría a revertir unas cifras que colocan a Castilla-La Mancha a la cabeza de la siniestralidad en España.

En cuanto a las campañas de difusión que comentábamos, las vemos necesarias porque este es también un problema de hábitos y costumbres, que a veces nos llevan a tener una percepción baja muy baja del riesgo. No podemos normalizar esas situaciones de riesgo, que vemos de forma cotidiana en las calles, ni permitir como sociedad que gente sufra accidentes graves o incluso mortales por problemas que ya están detectados y sobre los que existe una normativa. 

Como sociedad no lo podemos permitir, porque al final afectan a la economía, con el elevado número de bajas o de temas que se trasladan a la Seguridad Social. Ahí las mutuas también deberían tomar parte de esa labor de sensibilización.

Más allá de los accidentes tal y como los concebimos, ¿hay forma de cuantificar los riesgos psicosociales que sufren los trabajadores?

Esos riesgos siempre han existido y hay una normativa que obliga a evaluar esas condiciones que pueden causar un daño a la salud de los trabajadores, de la misma forma que los riesgos de sufrir una caída o un corte. Una vez detectadas, también es necesario corregirlas.

Ahora han salido varios casos y parece que estos riesgos están más en boca de todos, pero a veces es muy difícil que los trabajadores relacionen esas condiciones que generan un estrés, como cargas de trabajo excesivas o mal ambiente laboral, con el daño en su salud. Un ejemplo pueden ser los accidentes in itinere, con personas que vuelven a sus casas con un nivel de cansancio o estrés que les provoca desatención en la conducción. 

Esas condiciones, como falta de organización o casos de acoso, van afectando de una forma algo invisible, pero pueden acabar en una situación grave. Por ejemplo, en Albacete tenemos una sentencia en que se reconoce un suicidio como accidente de trabajo, al haber podido demostrar las causas que conducen a él y la inacción de la empresa para ponerles freno. 

Para el sindicato lo prioritario es prevenir y evitar que esto ocurra, aunque también tenemos que asumir ese papel restaurador una vez que ya ha tenido lugar el accidente.