Emiliano García-Page ha decidido atravesar el Rubicón... otra vez. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a llevar a los tribunales el reparto del impuesto a la banca. Recurrirá al Constitucional, una vez que tiene a su favor los informes de los servicios jurídicos de la Junta y también el del Consejo Consultivo, que le llegó ayer. 

Para iniciar la vía judicial, el presidente autonómico ha convocado para esta mañana un Consejo de Gobierno extraordinario (pues el ordinario suele ser los martes). Lo avanzó ayer en Tarancón, en medio del acto institucional por el Día del Agua. Señaló que es un «reparto injusto, por no decir reaccionario». El problema está en que el Gobierno de España plantea distribuir lo recaudado entre las comunidades en función de su PIB, es decir, de su riqueza. Esto beneficia muchísimo a comunidades como Madrid o Cataluña, que prácticamente se llevarán la mitad. Sin embargo a Castilla-La Mancha solo le correspondería un 3,5 por ciento.

«Impuesto a la banca bien, de acuerdo, vale, pero es enormemente regresivo que por una imposición del de siempre, de Puigdemont, termine cogiéndose dinero a los bancos para repartirlos, no entre quienes más los necesitamos, sino que termine llegando a los que más tienen». 

Page insiste en que «es la primera vez en España que se reparte el dinero de forma tan injusta» y argumenta que «vulnera los principios constitucionales».