Dime con quién andas y te diré quien eres. El refranero español tiene un proverbio para cada situación de la vida. También para la que atraviesa el comercio exterior de España. La amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flota en el ambiente como un globo sonda y desde el Ejecutivo castellanomanchego ponen sobre la mesa alternativas para pasar de largo por este perjuicio para la economía de la región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha abogado por reforzar los lazos comerciales con los países de la Unión Europea, pero sin dejar de lado las nuevas relaciones que puedan surgir con terceros actores. La titular de Economía ha dejado caer que es necesaria una «menor dependencia» con países como Estados Unidos y trabajar, codo con codo, con «nuestros países vecinos».
El argumento de Patricia Franco viene acompañado del dato de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Más del 80 por ciento de lo que exporta la región acaba en un país miembro de la Unión Europea, por lo que el principal comprador de la comunidad autónoma está dentro del entorno comunitario.
La venta de productos a Estados Unidos es «muy acotada», ha recordado la consejera, quien ha incidido en que este hecho deja margen de maniobra para actuar. El peso del mercado norteamericano en Castilla-La Mancha es de algo más de 300 millones de euros, de los más de 10.400 millones de las exportaciones totales.
En términos económicos, es «poco el impacto» de las exportaciones a Estados Unidos. Pero siempre hay un perdedor. En este caso, los más perjudicados por los aranceles de Trump serían las bodegas y empresas dedicadas al sector vitivinícola de la región.
Serían unos 20 millones de euros los que perdería Castilla-La Mancha en el mercado del vino a granel, el principal exportado al país norteamericano. Como ha revelado Patricia Franco, «para cada bodega o empresa que exportan a Estados Unidos puede suponer una merma en sus cuentas de resultados».
Por eso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya están trabajando con las autoridades europeas y españolas para establecer «las reglas del juego» frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos a los productos comunitarios y poner freno a la incertidumbre de la economía internacional.