Hasta la fecha no había ningún profesional sanitario de Castilla-La Mancha, ni de Medicina ni de Enfermería, que practique abortos en la sanidad pública. Por eso el Sescam mantiene tres convenios con sendas clínicas privadas de Madrid, Ciudad Real y Albacete para que las pacientes que opten por la interrupción voluntaria del embarazo lo puedan hacer de manera gratuita.

Hasta ahora estos profesionales sanitarios solo tenían que dirigir una carta para recoger su condición de objetor. Pero la fórmula va a cambiar y el Consejo de Gobierno ha acordado esta semana la activación del nuevo registro. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, explica que se publicará en pocos días, así que para finales de marzo ya estará en vigor. Este registro viene obligado por la reforma de 2023 de la Ley del Aborto.

Padilla explica que todos los profesionales sanitarios que quieran seguir siendo objetores tendrán que hacer la declaración de manera telemática y esta medida afecta a los de la sanidad pública y también privada. Asegura que estos datos serán confidenciales y solo los podrán consultar los responsables de las gerencias sanitarias para planificar la disponibilidad que hay en cada hospital de poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo. 

«No tenemos ningún problema en que se practiquen las interrupciones voluntarias en hospitales públicos», comentó Padilla, «pero no podemos obligar a los médicos ni al personal de enfermería». Con este nuevo registro, tendrán que ver si todos los profesionales del Sescam se ratifican en esa objeción de conciencia, si la revocan o si se van incorporando nuevos profesionales que sí quieran hacer interrupciones voluntarias del embarazo. 

Padilla comentó que Castilla-La Mancha tendrá que facilitar los datos del registro al Ministerio de Sanidad, que deberá establecer cómo se coordinan los de todas las comunidades autónomas. Y es que la portavoz del Gobierno regional  avisa de que los profesionales no pueden pretender ser objetores en el Sescam, pero luego dejar de serlo en una clínica privada o en otra comunidad autónoma. «Si son objetores, son objetores en cualquier sitio y cualquier punto de este país», insiste.