El Consejo de Gobierno de esta semana ha puesto 66 millones de euros encima de la mesa para mantener el funcionamiento de los centros que gestionan entidades privadas para la atención a personas con discapacidad. Aquí entran residencias, viviendas tuteladas, centros de día, centros ocupacionales, de atención temprana o de atención a personas con discapacidad intelectual grave. También se financian con estas ayudas los programas encaminados a ampliar la autonomía y capacidad de desarrollo de este colectivo.
La consejera portavoz, Esther Padilla, destacó que este año se ha incrementado la partida presupuestaria en 4,6 millones, lo que supone un incremento del 7,5 por ciento. «Es una convocatoria acordada con el sector, que da estabilidad a los profesionales y mejora la atención a las personas con discapacidad», apuntó. Además aprovechó para recordar que de manera constante se han ido aumentando los presupuestos. Destacó que ha crecido en 25 millones en comparación con lo que había en 2015, el último año de Cospedal. Esto ha permitido que en nueve años se haya incrementado el número de plazas en más de 2.000 y se han habilitado 78 recursos nuevos en la región.
Padilla calcula que con esta convocatoria de 66 millones se llegará a más de 166 entidades que atienden a 14.400 personas con discapacidad. Se trata de una red formada por 6.700 profesionales que trabajan en cien recursos de día, 123 de carácter residencial o 53 de atención temprana. La convocatoria sale con unas limitaciones de cuantías máximas por ayudas, aunque es de hasta cinco millones para proyectos de índole regional.