Ayer se celebró el acto conmemorativo del inicio del año judicial en Castilla-La Mancha, una celebración solemne que une en sede judicial a Magistrados togados de todo el territorio y a una amplia representación de la sociedad y las instituciones castellanomanchegas. El acto, celebrado en el Palacio de Justicia de Albacete, estuvo presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, y contó con la presencia del Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García. Asimismo, asistieron al acto el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, el presidente regional del PP, Paco Núñez, la vicesecrataria de Políticas sociales del PP, Carmen Navarro y el alcalde de Albacete Manuel Serrano, entre otras autoridades.
Durante la apertura del año judicial, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García, puso en valor diversas actuaciones llevadas a cabo durante el año 2022 y se refirió a los delitos que más preocupan en la región.
De manera especial trasladó la necesidad de poner fin y erradicar los delitos contra la libertad sexual, particularmente contra menores, que suponen el 75% de los sumarios que se incoan en Castilla-La Mancha.
Preocupan también las cifras de siniestralidad laboral y el incremento del 43% de casos en Castilla-La Mancha, reivindicando en este sentido el cumplimiento de las leyes laborales en las empresas. El Fiscal se refirió también a las preocupantes cifras de cibercrimen, estafas a través de internet o acoso escolar. En cuanto a la violencia de género, lamentó que el 2022 dejara ocho víctimas mortales en Castilla-La Mancha, una cifra que «pone de manifiesto un gran problema de la sociedad y un gran sufrimiento de niños y familiares», pidiendo «erradicar y descartar las ideas negacionistas porque la violencia de género es una realidad que está ahí».
diligencias previas. Por otro lado, el Fiscal señaló que durante el año 2022 se incoaron 59.769 procedimientos de diligencias previas, una cifra que supone un incremento del 13% respecto a 2021 y seis puntos de incremento por encima de la media nacional.
Las diligencias pendientes han quedado en 30.700, 6.000 más que en 2021. Los delitos contra la vida y la integridad corporal representan el 32% de las actuaciones, siendo este grupo delictivo el que más se comete en Castilla-La Mancha. Los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%, mientras que las diligencias urgentes han aumentado en un 14%, al igual que los sumarios (predominando los delitos contra la libertad sexual, especialmente en menores) y los juicios por jurado. Por último el Fiscal señaló la elevada tasa de suspensión de señalamientos que existe en Castilla-La Mancha, superando el 52% en 2022. «Uno de cada dos juicios que se señalan, se suspenden, hago un llamamiento a todos los que intervienen en estas situaciones para evitar tanta pendencia de casos», destacó el Fiscal, que también lamentó que la resolución de muchos procedimientos se alargan en el tiempo, llegando incluso a los diez años, «lo que no puede mantener un sistema correcto de respuesta de los derechos de los ciudadanos», concluyó Emilio Fernández.