La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acogerá mañana el juicio contra el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, para el que la Fiscalía solicita una pena de 11 años de inhabilitación administrativa para empleo o cargo público por el nombramiento del jefe de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete (Sepei), como responsable de un delito de prevaricación administrativa.
Santiago Cabañero, de 49 años, ocupa el cargo de presidente de la Diputación de Albacete desde julio de 2015. Los hechos que serán enjuiciados mañana se remontan a ese año, cuando, según la Fiscalía, se saltó la normativa prevista para el nombramiento del jefe del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei), sin que los reparos del servicio de Intervención, de las denuncias de los sindicatos, o las advertencias de los Servicios Jurídicos de la propia Diputación, ni del Grupo Popular en un Pleno celebrado en diciembre de ese mismo año, sirvieran para que reconsiderara su posición y cumpliera con el Acuerdo-Marco de la Diputación de Albacete en materia de Personal, que establecía que el nombramiento del jefe del Sepei debía realizarse mediante un concursillo, cosa que no se llevó a cabo.
De hecho P.V.S, en representación del sindicato CSI-CSIF, presentó un escrito al presidente de la Diputación en el que explicaba que debía realizarse el citado concursillo. Además también le recordó que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se había pronunciado en el mismo sentido y había anulado el nombramiento, lo cual fue confirmado por la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, el 30 de junio de 2014.
Ilegal e injusta. El acusado, «por propia voluntad, ignorando todo lo anterior, y también el contenido del Decreto 262 de 13 de febrero de 2015, dictado por la Diputación para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2014, dictó, a sabiendas de su ilegalidad, el Decreto 2.802 de fecha 20 de noviembre de 2015 por el que se procedía a la atribución temporal de funciones de Jefe de Servicio del Sepei, cargo de los más importantes y relevantes entre las potestades y funciones de la Diputación que presidía, haciéndolo de forma no sólo ilegal sino también injusta», precisa el fiscal.
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