El problema no es nuevo. Como tantos, es cíclico. Regresa con los periodos expansivos y se contrae con los regresivos. Pero es grave. Mucho. Un país que cotiza su economía entre las 20 más relevantes del mundo, integrado en la UE y que aspira a ser una democracia sin zonas de sombra no puede permitirse que el acceso a la vivienda sea un unicornio para sus jóvenes (y para los no tan jóvenes). El impacto de la dificultad de acceso a un hogar digno es tremendo. No sólo impide el ejercicio de un derecho constitucional, también dispara el coste de los alquileres y, en consecuencia, pauperiza a las personas que pueden formar una familia o nutrir el consumo. Cuando el mercado de la vivienda no funciona, toda la cadena económica del país se ve afectada, en ocasiones de forma muy severa.
Después de años dando señales de aviso (crecimiento exponencial de los pisos turísticos, fallidas leyes que han logrado el efecto contrario al pretendido, encarecimiento de materiales o excesivas cargas burocráticas), la vivienda vuelve a situarse como el principal problema para los españoles. Es una de las cuestiones en las que se puede dar algún crédito a los sondeos del CIS porque no hay más que acudir a una oficina inmobiliaria o a una promotora y comprobar que la oferta es escasa y, en consecuencia, cara.
La política sí se lo ha creído. La pugna del y yo más alimentada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición de Alberto Núñez Feijóo a través de las autonomías es la prueba de que los partidos mayoritarios saben que al votante le preocupa, y mucho, el techo bajo el que sobrevive. El problema de la política es que es lenta y no siempre resulta eficaz.
España sigue estando a años luz de sus socios europeos en fomento de la vivienda pública, y tampoco ha ayudado a la promoción privada después del estallido de la burbuja de 2008. Se trató de una crisis hipotecaria y de crédito determinada por el mercado del ladrillo, sí, pero mientras la banca resucitó -en ocasiones a golpe de empuje público-, el sector de la construcción fue estigmatizado y castigado hasta reducirse a la mínima expresión.
Han desaparecido estudios de formación profesional para nutrir al sector y las administraciones, particularmente los ayuntamientos, dilatan hasta lo insoportable la elaboración de los informes preceptivos para conceder licencias. En ese contexto, llorar ahora por la falta de vivienda no servirá de mucho. Como tantas veces, hace falta una estrategia sostenida en el tiempo y pactada entre el sector público y el privado. Sin buenos y malos, a ser posible. La política de excesos puede ser muy dañina.