La percepción generalizada de politización en la Justicia supone uno de los problemas más graves para la calidad de la democracia y para la efectividad de la acción de los jueces. El bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial - entre otros órganos constitucionales - es un incumplimiento manifiesto de las prescripciones de la Carta Magna y sitúa a sus responsables en una inaceptable posición de cuestionamiento del sistema que de ella deriva. Esta obstrucción no es un hecho aislado sino el último episodio de una serie de injerencias de los partidos políticos para condicionar la actuación del Poder Judicial que explican también la tendencia a la corrupción que lastra la acción pública y alimenta el desprestigio de las instituciones.

El origen de este descrédito está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que cambió la fórmula mixta de elección de los integrantes del Consejo establecida en la Constitución, similar a la de otros países vecinos, y que respondía a las recomendaciones de las instituciones europeas. Se decidió entonces que el Legislativo designara a todos sus miembros abriendo la puerta a las cuotas y las componendas entre partidos, cuyo efecto más evidente es la reproducción casi sistemática en su seno de las mayorías parlamentarias. El Consejo de Europa recuerda periódicamente a España esta anomalía institucional.

Recientemente, la Comisión Europea detuvo tajantemente los intentos del Gobierno actual, con Unidas Podemos como ariete de ahondar aún más en este control de la Justicia. Tampoco, el planteamiento del PP de un órgano elegido enteramente por jueces es respaldado ni por las instituciones comunitarias ni por la arquitectura institucional de los países del entorno.

Es necesario, por lo tanto, reformar el sistema en clave europea, pero es aún más urgente desbloquear la situación actual con la elección de un nuevo Consejo capaz de afrontar los retos de la modernización de la Justicia que demanda la España del siglo XXI. Sería deseable que se plasmen las recomendaciones del Consejo de Europa equilibrando a partes iguales los integrantes elegidos por los jueces con otros designados por diversos cauces -posiblemente el más democrático sea el de sustrato parlamentario- que representen distintas sensibilidades en la administración de justicia y legitimen socialmente su acción. 

Aún así, cualquier fórmula para la reforma está condenada al fracaso sin las convicciones democráticas de quienes deben tomar decisiones e impartir Justicia. Sólo así pueden evitarse declaraciones tan petulantes como desafortunadas que presuponen la adscripción políticas de los jueces, su extracción social o que una persona pueda ser ministra de Justicia y fiscal general de la noche a la mañana. Al sistema institucional se le pueden pedir las mejores herramientas posibles; a las personas, cabe exigirles responsabilidad ética.