El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado este martes por pertenencia a organización terrorista a los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la 'Operación Judas', siguiendo así el criterio de la Fiscalía. Además, a nueve de ellos les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

Todos los investigados, dice el magistrado, comparten principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.

De los trece procesados, solo Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero lo son por pertenencia a organización terrorista, mientras que los nueve restantes --Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado-- lo son también por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

Ocupación del Parlament   

Según el auto de procesamiento, los miembros del ERT han tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners.

También tendían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Conforme relata García-Castellón, entrarían por la puerta principal porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos, algo para lo que la intervención de uno de los investigados, Ferrán Jolis, era esencial.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.

De esta forma, los trece procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".

Preparaban atentados con explosivos   

García-Castellón indica que habrían superado los CDR hasta configurar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el magistrado menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El instructor presta especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca, que Jordi Ros habría llevado a cabo en mayo de 2019 junto a su pareja sentimental Montserrat Casas Climent.

Asimismo, Ros habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.