Bajo el título Honderos el exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y médico especialista en Psiquiatría, Fernando Lamata relata a través de una novela de ficción cómo unos activistas luchan «frente al poder y la codicia» para que todos los pacientes que lo necesiten tengan acceso a los medicamentos. Con esta publicación, que se acaba de presentar en la librería Popular de Albacete, pero que ha sido posible gracias a un micromecenazgo donde 150 mecenas han aportado donaciones para sufragar su coste, Lamata pretende denunciar la falta de equidad que existe en el mundo en el acceso a los medicamentos y a la sanidad. Jubilado experto en gestión sanitaria forma parte junto a otros reconocidos médicos de la tierra de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, labor que compagina como miembro del panel de expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias.

Su última publicación es una novela pero que al mismo tiempo es una crítica al sistema actual de acceso al medicamento ¿no es cierto?

Toda la trama se desarrolla en la época de la pandemia de la Covid. Es una novela, relato de ficción que tiene que ver con la fabricación, distribución y acceso a los medicamentos. Al desarrollarse durante los años de la pandemia aborda las dificultades que hubo para la distribución y acceso a las vacunas frente al coronavirus y la capacidad que tuvieron algunas de las empresas fabricantes para poner un elevado precio a los viales, que era inasequible para muchos países de bajos ingresos.

El libro aborda todo ese debate que llevamos haciendo desde hace tiempo desde la Asociación de Acceso Justo al Medicamento con conferencias, charlas y artículos, desde un punto más técnico, y que ahora he llevado a la ficción inventando unos personajes. Una de las protagonistas es una doctora de Aparato Digestivo, de Albacete, pero que vive en Madrid y trabaja en el Hospital Gregorio Marañón, donde conoce a Guillermo, también albaceteño, y le presenta una tertulia de que aborda estos temas y donde se apunta  a la asociación, iniciando su etapa de activista que la llevará a Ginebra y a Pekín. Tiene una narrativa que se deja leer con facilidad y mantiene el interés, espero que guste, aunque no es una gran obra literaria. El anterior libro fue más técnico 'Medicamentos, derecho humano o negocio', aunque la temática es parecida.

Se ha financiado a través de un micromecenazgo, ¿con cuántas aportaciones solidarias ha contado?

Se ha financiado gracias a 150 mecenas que se animaron a patrocinar el libro, y por eso ha podido ver la luz, porque éste no es un libro que yo hubiera podido llevar a una editorial para su publicación. 

Ha sido interesante que se haya publicado mediante crowdfunding  porque ya en el propio hecho de gestar una novela ha habido una participación de personas que se han interesado por el asunto, con lo cual ya hay una motivación para mí para dar respuesta  a las expectativas de los posibles lectores y que la novela se pueda leer. 

Una novela ¿pero con un gran trasfondo de denuncia social hacia los gestores políticos sobre la falta de equidad que hay en el acceso a los medicamentos, incluso en el acceso a la Sanidad pública gratuita?

El problema es mundial y ya se vio en la Covid, con la fabricación y distribución de las vacunas, que tardaban en llegarnos porque en los primeros momentos había poca fabricación porque tenían sólo unas empresas la patente y no querían cederlas. Pero en otros países de baja renta el retraso en la llegada de las vacunas ha sido de varios años, donde el 70% de las personas de los países en desarrollo no están vacunados frente a la Covid, por esa falta de equidad en el acceso, porque la vacuna se vende por ejemplo a15, 20 o 25 euros y esas personas no pueden pagarlo, cuando lo cierto es que ese medicamento cuesta medio euro. No hay derecho a esto.

Ese abuso de poder de las empresas farmacéuticas que tienen el monopolio de estos medicamentos se traduce en muertes de mucha gente que se podrían haber evitado durante la pandemia, concretamente se podrían haber evitado nueve millones de fallecimientos si se hubiera vacunado a todo el planeta al mismo ritmo que vacunamos en los países ricos. Un dato que nos tiene que llamar a la conciencia de que hay que cambiar este modelo, que también nos afecta a España porque estamos pagando mucho dinero por encima de lo que cuestan los medicamentos. En España con dinero público gastamos alrededor de 22.000  millones de euros, que con el gasto extraordinario de vacunas estos últimos años, ha subido a entre 24.000 y 25.000 millones de euros.  Si pagáramos un precio justo por estos fármacos habríamos pagado la mitad, unos 12.000 millones de euros, que servirían para contratar a unos 100.000 profesionales sanitarios, con lo que eso supondría de mejora de los servicios sanitarios.

¿El último Barómetro Sanitario muestra que hay personas que no pueden pagar los medicamentos que les recetan?

Según este estudio del Ministerio, el último, que se publica cada tres meses, en torno al 3,5% de la población no pudo pagar el medicamento que le habían recetado en el sistema público de salud, que traducido en número de personas son 1.600.000.

Al mismo tiempo paradógicamente existe un exceso de consumo de medicamentos por prescripción inadecuada. Este modelo hace que se investigue en los medicamentos que más interesan a las empresas para comercializarlos, pero no investigan por ejemplo en antibióticos. El sesgo en la investigación hace que muchas enfermedades retrasen soluciones porque no interesa.  Eso fue lo que ocurrió con el tratamiento frente a la hepatitis C que se retrasó un año mientras negociaban el precio, que seguía siendo altísimo, 20.000 euros por tratamiento cuando su coste real era de 70 euros, pero ese año de retraso en la financiación hizo que muchas personas murieran por esa causa.

Todo esto en su opinión ¿lleva a que el sistema sanitario público esté tocado y precise de cambios?

Este es un problema más amplio, del cual la política farmacéutica es un elemento importante, porque representa el 25% del gasto pero además influye en cómo se investiga o por dónde se forma a los profesionales. Además según el Barómetro del CISla sanidad aparece como el segundo asunto, después de los problemas económicos, que más le preocupa a los ciudadanos, cuando hace 10 años aparecía como el problema número 12.  

En el otro Barómetro, el Sanitario del Ministerio de Sanidad, se pregunta cómo funciona el sistema sanitario. Hace 10 años los ciudadanos que contestaban a esta encuesta en un 75% afirmaba que funcionaba muy bien la sanidad pública, a día de hoy piensan eso el 51%. Ha bajado 20 puntos y lo que preocupa es esa tendencia de caída. Esa bajada empieza con la crisis financiera, que provoca unos recortes económicos  importantes desde 2009, 2010, 2011y es en 2012 cuando se aprueba el Real Decreto 16/2012 que incorpora los copagos y aumenta la gestión privada, con lo que el sistema se va deteriorando, con una causa inicial importante que es la pérdida de financiación, que va cayendo en estos 10 años. Por ello la diferencia entre lo que tendríamos que haber gastado y lo que llegamos a invertir en esos años de crisis son 90.000 millones de euros, una auténtica sangría, y se nota porque en esos años se dejó de contratar a profesionales, se dejó de cubrir bajas y de contratar residentes, para ahorrar dinero, y eso ahora lo notamos. Ese recorte es la principal debilidad del sistema, si no lo corregimos e inyectamos los 25.000 millones de euros que necesita el sistema sanitario seguirá sin poder dar respuesta a la calidad de los servicios que la población reclama. De tal forma que el que tiene un poco de dinero se hace su póliza sanitaria privada. De hecho, en la última década hemos aumentado de ocho millones de pólizas a 12,5, y eso es porque la gente se desespera porque no le atienden bien y a tiempo en la sanidad pública, por mucho que confíen en ella.Por ello insisto en que el sistema sanitario público necesita redundares.  

Centrándonos en los ámbitos más cercanos de la Sanidad ¿cómo ve ahora mismo el primer nivel asistencial, Atención Primaria?

La Atención Primaria  se ha ido des capitalizando. Con la reforma de la Ley de Sanidad fue lo que más mejoró, pero se ha deteriorado. Por eso hay que reforzarlo con más recursos y así poder recuperar una figura que se ha perdido, de atención comunitaria a la familia, donde las políticas de prevención tengan un mayor protagonismo, además del diagnóstico.

El otro gran problema es la Salud Mental, que en España tiene una infrafinanciación del 50%, es la hermana pobre de la sanidad pública, que requeriría una inversión más importante tanto en profesionales como en medios. Además del poco gasto que se hace ahora en Salud Mental, más de la mitad es para sufragar los medicamentos que se recetan a los enfermos.

¿Teniendo en cuenta el papel que adquirió en la pandemia la Salud Pública cree que se debe potenciar?

Sí, por supuesto, entre las mejoras de esta refundación del sistema sanitario que se deberían acometer en mi opinión hay que aumentar la figura de los técnicos de Salud Pública; recuperar la Escuela Nacional de Sanidad que se está hundiendo; fortalecer el Centro Nacional de Epidemiología; crear la Agencia Estatal de Salud Pública, que lleva prevista en la Ley desde el 2010. Todo ello nos permitiría dar un impulso, cambiando la estructura de gobierno con un Consejo Interterritorial vinculante y una financiación complementaria. Si no hacemos esto estaremos abocados a un horizonte donde exista un sistema nacional de salud para pobres y otro para ricos. 

¿Qué le parece el anteproyecto de Ley de Garantías?

El Gobierno regional con esta normativa tiene intención de poner el problema sobre la mesa y buscar una solución, para la que en mi opinión necesitará recursos y una buena organización. La cuestión clave es que Castilla-La Mancha no puede abordar este problema por sí misma, sino por un gobierno colectivo.